MÉXICO SA
◗ Corrupción institucionalizada Confianza ciudadana, en el suelo ◗ México, campeón regional
n décadas recientes, tantas como tres, Transparencia Internacional ha dado cuenta del desastroso papel –por decirlo en términos cursis– del gobierno mexicano en materia de combate a la corrupción: cinco administraciones neoliberales al hilo –de la salinista a la actual– hundieron a México del escalón número 32 al 135, con lo que la nuestra está catalogada entre las naciones más corruptas del planeta.
Caída libre, pues, pero una de las organizaciones multilaterales que mayor afecto ha tenido en esos gobiernos neoliberales mexicanos (de hecho, su actual secretario general, José Ángel Gurría, fue secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en el sexenio zedillista) ha dado a conocer una evaluación aterradora.
La Jornada (Susana González) lo publicó así: “Ochenta y tres por ciento de mexicanos cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas, índice que además de superar los promedios –79 por ciento– de América Latina y –65 por ciento– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subió 8 puntos porcentuales en una década. Además, disminuyó la confianza de los mexicanos en la estabilidad política, la participación y la rendición de cuentas, así como en las instituciones públicas, ubicándose por debajo del promedio regional y de la propia organización”. Espeluznante.
Resulta que dicha organización, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea, divulgaron su informe Perspectivas económicas de América Latina 2018, que contiene la numeralia referida líneas arriba y subraya que “en México la confianza en las instituciones ha disminuido en la década reciente”. En 2015, apenas 28 por ciento de la población “expresó confianza en el gobierno nacional” y sólo 32 por ciento en el sistema judicial y los tribunales.
Por si fuera poco, “en participación y rendición de cuentas los indicadores de México fueron de menos 0.13 y menos 0.87 puntos, respectivamente, con lo que también se ubicó por debajo de los promedios de América Latina, que fueron de 0.18 y menos 0.09, y de la OCDE, que sumaron 1.12 y 0.54 puntos. En cuestiones económicas, el informe señala que la población vulnerable en México subió de 42 a 46 por ciento entre 2005 y 2014 respecto del total de habitantes del país, en contraste con 39 por ciento de América Latina. En cuanto a los acomodados, como los define el documento, en México permanecieron inalterados en 2 por ciento, pero en América Latina subieron de 2 a 3 por ciento respecto del total de la población regional”.
Lo mejor del caso es que en no pocas ocasiones los gobiernos neoliberales mexicanos han seguido, y siguen, al pie de la letra, las recomendaciones de la OCDE, misma organización que hoy aporta los elementos que los dejan en el suelo.
Por otra parte, el informe Perspectivas económicas de América Latina 2018 señala que América Latina y el Caribe han experimentado en años recientes una “desconexión creciente” entre los ciudadanos y las instituciones públicas. En efecto, los datos de la más reciente medición de la organización Latinobarómetro muestran que la población que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos nacionales representó 75 por ciento del total en 2017, aumento desde niveles de 55 por ciento en 2010.
La confianza en otras instituciones, como el sistema judicial o las elecciones, también se deterioró, al tiempo que ha crecido la insatisfacción con la calidad de los servicios públicos. “La creciente desconexión entre ciudadanos e instituciones es también reflejo de una serie de desafíos socioeconómicos que persisten en la región. Destacan las grandes desigualdades relacionadas con el origen socioeconómico, el género o la localización geográfica, los bajos niveles de acceso a la educación y competencias, o el predominio de empleos informales y de mala calidad”.
“A pesar de los avances”, aseguran. Veinticinco por ciento de latinoamericanos vive en pobreza, mientras alrededor de 40 por ciento “escaparon de ella, pero muchos forman parte de un amplio grupo social, la clase vulnerable, que vive con numerosas incertidumbres y está constituido en su mayoría por trabajadores informales”.
La desvinculación de la sociedad respecto de las instituciones en América Latina y el Caribe “se debe a una combinación de mayores aspiraciones, exigencias insatisfechas y retos socioeconómicos persistentes y emergentes que erosionan la confianza y los cimientos del contrato social. La confianza es la piedra angular de la gobernanza pública y resulta decisiva para el éxito de las políticas públicas”.
En el orden económico, los autores del informe aseguran que el ritmo de crecimiento del producto interno bruto regional se situó en 1.3 por ciento en 2017 y se prevé un crecimiento de entre 2 y 2.5 por ciento para 2018. Las perspectivas macroeconómicas sugieren la existencia de “distintas Américas Latinas”, con una heterogeneidad importante entre países.
Así, se espera una recuperación más fuerte en las naciones del Cono Sur que en los países andinos y México, con perspectivas más variables en América Central. Un comercio más dinámico, una moderada recuperación de los precios de las materias primas y la gradual normalización monetaria en las economías avanzadas, que aún favorece los flujos financieros, son los principales factores externos de la recuperación cíclica de la región.
Los riesgos a corto plazo parecen más estables, pero la incertidumbre creciente sobre el futuro de la globalización puede tener un impacto negativo sobre el comercio y los flujos de inversión extranjera directa. Además, se han intensificado una serie de megatendencias mundiales que afectan a América Latina y las demás economías. Entre ellas destacan los menores niveles de productividad, el cambio tecnológico, el envejecimiento poblacional, la urbanización y el cambio climático. Todas ellas amenazan el statu quo y exigen una acción política más audaz e innovadora para asumir y hacer realidad un futuro de mayor bienestar.
La corrupción, las débiles capacidades del Estado y la falta de canales eficaces de interacción con la sociedad alejan en muchas ocasiones las acciones de la administración pública a las verdaderas exigencias y necesidades de los ciudadanos.