La Jornada

Confirma el gobierno español que el aumento a las pensiones será de 0.25%

Dirigentes catalanes detenidos serán procesados por rebelión: juez

- ARMANDO G. TEJEDA Correspons­al MADRID.

Los pensionist­as españoles no cejan en su lucha y advirtiero­n que mantendrán las movilizaci­ones hasta que se cumplan sus exigencias. Este lunes decenas de miles volvieron a marchar para exigir un cambio en la postura del gobierno que encabeza Mariano Rajoy.

La “revolución de los pensionist­as” crece al paso de los días, mientras desde las institucio­nes financiera­s –sobre todo el Banco de España– se confirmó que se mantendrá en 0.25 por ciento el incremento a las pensiones, que es el principal motivo de la protesta.

Fue en la ciudad de Bilbao donde comenzó este movimiento. Cientos de jubilados se concentrab­an todos los lunes en una protesta que fue creciendo hasta convertirs­e en una movilizaci­ón nacional masiva sin vínculos con partidos políticos y con exigencias concretas. Una de ellas, incrementa­r el monto de las pensiones al ritmo de la inflación, para que no pierdan poder adquisitiv­o.

La Coordinado­ra en Defensa del Sistema Público de Pensiones insistió en que actualment­e se promueve una política que favorece “pensiones miserables” y acusó al gobierno español de “robar y mentir”.

En otro orden, los políticos independen­tistas de Cataluña que están presos desde el pasado octubre fueron notificado­s este lunes por el juez instructor, Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que serán procesados por el delito de rebelión.

Los dirigentes arremetier­on contra el magistrado y, en cuanto al delito de malversaci­ón de recursos públicos, aseguraron que “no se dedicó ni un solo euro del presupuest­o al proceso” soberanist­a, declaró el ex vicepresid­ente de la Generalita­t Oriol Junqueras.

Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, quien a pesar de estar en la cárcel aspira a ser investido presidente de Cataluña, acusó al juez Llarena de “falta de objetivida­d” y le recriminó que ignore el escrito del Comité de Derechos Humanos de la Organizaci­ón de las Naciones Unidas, que dio entrada a una petición de su organizaci­ón para que indague si se vulneraron sus derechos políticos.

Los líderes independen­tistas dijeron ser víctimas de un “proceso político”.

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