Prevalece impunidad de actos de tortura en México, señala subcomité de la ONU
Debe hacer lo necesario para detectarlos, prevenirlos y sancionarlos de forma efectiva La minuta se turnó al Ejecutivo para que la publique Luz verde en Senado a reforma que crea controles fiscales y penales al
El Estado mexicano debe adoptar las medidas necesarias para detectar, prevenir y sancionar de manera efectiva los actos de tortura que se dan de manera general en el país, recomendó el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe sobre la segunda visita que hizo a México (del 12 al 21 de diciembre de 2016) para verificar las condiciones en que se da esa práctica.
Esta instancia internacional verificó que las sentencias condenatorias por este delito son escasas, “lo que indica impunidad ante los actos de tortura, que es prevalente”.
En 2012, la Procuraduría General El Senado aprobó la minuta que busca combatir el huachicoleo mediante controles fiscales y sanciones penales en toda la cadena productiva de hidrocarburos y petrolíferos, desde la extracción hasta la comercialización, para frenar la venta ilícita de combustible en las gasolineras.
Con esta reforma, destacó en tribuna el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el priísta Manuel Cavazos Lerma, se faculta al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a crear controles de volumen de entrada y salida de combustibles y se obliga a las gasolineras a instalar medidores en los depósitos y entregar comprobantes por cada venta.
La reforma, que incluye modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se aprobó en lo general y en lo particular con 68 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. de la República inició apenas 300 indagatorias por este delito y en la actualidad hay alrededor de 4 mil 700 carpetas de investigación. “Este aumento no se ha reflejado en un incremento equivalente de consignaciones por tortura: dos en 2012, cinco en 2013 y seis en 2014. Y el número de sentencias, tanto en el fuero federal como en el local, sigue siendo extremadamente bajo: cinco y 10, respectivamente”, resaltó.
“Durante su visita, la delegación del subcomité recibió con
Cavazos Lerma resaltó que esta ley protege al consumidor, porque se podrá verificar la venta de “litros de a litro” de gasolina y garantiza su calidad, con lo que se evita que sean adulteradas y dañen los motores de los vehículos.
Se trata, agregó, de instrumentos para combatir la posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícitos de hidrocarburos y petrolíferos, que lesiona y pone en peligro la vida e integridad de las personas, el patrimonio nacional, el medio ambiente y la economía.
El dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados incluye la medición del producto recibido en los servicios que desarrollan los permisionarios de transporte, así como en el almacenamiento y distribución de hidrocarburos y petrolíferos hasta su venta final. preocupación numerosas alegaciones de personas privadas de la libertad –incluyendo mujeres, menores de edad y migrantes– que manifestaron haber sufrido actos de tortura y/o malos tratos en diversas circunstancias, particularmente al momento de la privación de la libertad, durante el traslado, en el momento del ingreso a los lugares de detención o durante los interrogatorios. Varios alegaron haber sido sometidos a estas prácticas con el fin de constreñirlas a firmar o grabar
La reforma clasifica como agravante no contar con controles volumétricos y que no operen o funcionen de acuerdo con lo que señale el SAT. Cuando no cuenten con los dictámenes de calidad de los hidrocarburos, la multa será de 1 a 3 millones de pesos.
Asimismo, define como delito la evasión de obligaciones fiscales en la materia, aquellas que no mantienen los controles volumétricos o si no se cuenta con ellos, además de carecer de, alterar, inutilizar o destruir los equipos y programas informáticos que se utilizarán para la medición.
Será considerado delito realizar, permitir o entregar a la autoridad registros falsos, incompletos o inexactos en los controles volumétricos. La sanción será de tres a ocho años de prisión, debido a que se trata de una de las áreas estratégicas del Estado. declaraciones autoincriminatorias o incluso hojas en blanco que luego eran completadas con confesiones falsas”.
Los agresores son agentes policiales (federales, estatales y municipales), de migración o elementos de las fuerzas armadas.
El SPT aclaró que el informe es confidencial en tanto el Estado receptor decida hacerlo público, por lo que instó a las autoridades mexicanas a difundirlo para “contribuir positivamente a la prevención de la tortura y los
El panista Héctor Larios aseveró en tribuna que con esta reforma se combaten el fraude y la evasión de los impuestos especial sobre producción y servicios y al valor agregado de empresarios que compran gasolina robada y la comercializan sin pagarlos.
Dolores Padierna, senadora del PT-Morena, advirtió que el texto señala que la reforma sólo se aplicará a Pemex, “no para las empresas extranjeras”.
Manuel Bartlett aseveró que esa reforma no sirve para nada, porque el responsable del robo de combustibles es el propio gobierno. La minuta se turnó al Ejecutivo para su publicación. malos tratos”. Pese a ello, la cancillería lo ha mantenido por cuatro meses en reserva, por lo que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, exhortó a la dependencia a divulgarlo. Sin embargo, organizaciones civiles tramitaron una solicitud de transparencia, por lo que las autoridades federales se vieron forzadas a entregarlo; por ello éstas sí tuvieron acceso al documento (del cual tiene copia La Jornada).
La delegación de esta instancia de la ONU encontró que los actos referidos consisten en golpes con los puños, rodillazos, puntapiés o con armas de fuego; inmovilización o uso prolongado de esposas en diversas posiciones; amenazas; torsiones de extremidades; privación de agua y comida; uso de choques eléctricos en distintas partes del cuerpo, incluidos genitales; asfixia con bolsas de plástico; introducción de agua en la nariz; rotura de dientes con pinzas, y uso de armas, entre otras.
Entre las recomendaciones formuladas por el subcomité al Estado mexicano están garantizar que todas las autoridades facultadas para privar de la libertad a los ciudadanos sean capacitadas y apliquen plenamente los estándares de uso racional y proporcionado de la fuerza con enfoque de derechos humanos, instruir a los agentes de Estado sobre la prohibición del uso de la tortura, adoptar medidas necesarias para prevenirla y sancionarla, entre otras.