Impugnará ONG la negativa oficial a informar sobre la compra del software de espionaje Pegasus
Resolución del Inai permite a la procuraduría federal ocultar datos, afirma R3D
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló que la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue la versión pública del contrato de adquisición del software de espionaje Pegasus favorece la opacidad, ya que permite que muchos otros datos permanezcan sin conocerse, por lo que impugnará esa decisión ante los tribunales.
En un comunicado, la organización recordó que el Inai instruyó a la PGR entregar la versión pública del contrato que suscribió con la empresa Grupo Tech Bull SA, relacionado con la adquisición de cualquier software o herramienta tecnológica desarrollada por NSO Group o alguna de sus filiales o subsidiarias, entre 2000 y 2017.
No obstante, R3D enfatizó que la resolución del Inai permite a la procuraduría mantener ocultas las especificaciones técnicas del equipo adquirido, los procedimientos relacionados con su operatividad y los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la adquisición.
Omisión contraria a derecho
“La omisión de esta información es contraria al derecho de acceso a la información, especialmente cuando los datos testados han sido previamente revelados por investigaciones periodísticas”, señaló el colectivo.
Entre esos datos figura un contrato de adquisición del software Pegasus, firmado en octubre de 2014 por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y el apoderado legal de Grupo Tech Bull, Luis Armando Pérez Herrero.
Además de lo anterior, puntualizó R3D, el Inai “omite ordenar a la PGR la entrega de otros documentos relacionados con el proceso de adjudicación del contrato, centrándose únicamente en el contrato localizado”.
Aunque el instituto de transparencia reconoce que es importante que la ciudadanía “conozca los términos de la contratación de las herramientas tecnológicas” adquiridas por la El presidente Enrique Peña Nieto remitió al Senado propuestas para ratificar nombramientos, entre ellos, el de Úrsula Carreño Colorado, como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; cinco magistrados de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y dos ternas para comisionados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Además, remitió las nominaciones de Eduardo Mendoza Contreras, como miembro de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco); la de Sóstenes Díaz González como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones procuraduría federal, la decisión no cumple con este precepto, subrayó el colectivo, por lo cual en los próximos días la impugnará ante el Poder Judicial de la Federación. (Ifetel), así como una terna para elegir a un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Las designaciones de los magistrados, así como del comisionado de la Cofeco, se suman a los 51 nombramientos pendientes en esa cámara. Además, en el caso de los comisionados del INEE, Eduardo Backhoff y Margarita Zorrilla, existe la posibilidad de que sean ratificados en su cargo que concluirá este 29 de abril, ya que sus nombres fueron incluidos en las ternas que el Ejecutivo turnó a la Cámara de Senadores.
Ayer mismo el pleno del Senado aprobó el método para la selección de los propuestos millonarios a servidores públicos de diversos países de América Latina, para obtener contratos de realización de obras públicas.
En México, la compañía está señalada de haber supuestamente entregado unos 8 millones de dólares a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, cuando él se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional de la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Autonomía de jueces y magistrados
Durante esa misma sesión del SNA también se dio a conocer que la mayoría de los estados no han respondido o incluso rechazaron una recomendación no vinculante que les envió entre el 24 de enero y el 9 de febrero de este año, para que garanticen la autonomía e independencia de jueces y magistrados anticorrupción.
Según el organismo, 11 poderes ejecutivos locales respondieron, de los cuales sólo tres aceptaron la recomendación (Coahuila, Hidalgo y Zacatecas) y ocho la rechazaron (Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, estado de México, Oaxaca, Puebla Tamaulipas y Veracruz).
En lo que se refiere a los congresos estatales, hubo 10 respuestas: solamente uno acogió el documento (Quintana Roo), uno más lo aceptó parcialmente (Guanajuato), cuatro lo rechazaron (Aguascalientes, Puebla, Querétaro y Veracruz) y cuatro más (Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco y Tamaulipas) le turnaron el asunto a otro organismo. como comisionados del INEE y las ternas, integradas por Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, Roberto Peña Reséndiz y Margarita Zorrilla; y Eduardo Backhoff Escudero, Sofía Leticia Morales Garza y Bernardo Hugo Naranjo Riñero, quienes comparecerán este miércoles ante la Comisión de Educación, y probablemente el jueves el pleno elegirá a los comisionados.
Carreño Colorado, propuesta como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Inversiones, en esa subsecretaría.