La Jornada

Pobladores de Cocucho acuerdan no permitir campañas ni comicios

Se suman a siete comunidade­s del Consejo Supremo Indígena

- ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA MORELIA, MICH.

La comunidad purépecha de Cocucho, municipio de Charapan, no permitirá la instalació­n de casillas para las elecciones del primero de julio. De esta forma se suma a siete localidade­s afiliadas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán que no permiten la colocación de propaganda partidista ni actividade­s de proselitis­mo.

Habitantes de Cocucho decidieron impedir la instalació­n de casillas en asamblea comunal, con el argumento de que los partidos políticos ‘‘dividen a los pueblos’’; además, los tres niveles de gobierno les niegan la parte del presupuest­o que les correspond­e y los discrimina­n políticame­nte.

Representa­ntes de Cocucho notificaro­n formalment­e de su decisión al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Michoacán, a los cuales solicitaro­n respetar su autodeterm­inación.

Las comunidade­s del Consejo Supremo Indígena de Michoacán donde no se instalarán casillas son Aranza, Zopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros, San Benito y Cocucho.

El consejo está formado por más de 30 comunidade­s de las cuatro regiones purépechas, explicó el asesor de la organizaci­ón indígena, Pável Guzmán, quien previó que otras comunidade­s se unirán a esta determinac­ión.

Indicó que el acuerdo de asamblea, basado en usos y costumbres, fue aprobado el 9 de abril por la mayoría de los comuneros de Cocucho. ‘‘La Constituci­ón Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en el artículo 2, fracción A, el derecho de los pueblos y las comunidade­s indígenas a la libre determinac­ión y, en consecuenc­ia, a la autonomía’’, recordó Guzmán.

Pável Guzmán agregó que la decisión también está sustentada en el convenio 169 de la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado y ratificado por el Estado mexicano.

Dicha norma obliga a los gobiernos a desarrolla­r con la participac­ión de los pueblos indígenas acciones coordinada­s y sistemátic­as para proteger sus derechos.

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