Suspende Ecuador su condición de garante de la negociación ELN-gobierno colombiano
Acciones militares en la frontera de ambos países en busca de disidentes de las FARC
El gobierno de Ecuador suspendió este miércoles su condición de garante de los diálogos de paz entre Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se desarrollan en esta capital, a raíz de recientes sucesos violentos en la zona fronteriza.
“La decisión se mantendrá mientras la guerrilla del ELN continúe ejecutando acciones terroristas”, señaló el gobierno en un comunicado.
Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, anunció la decisión en varias entrevistas que sostuvo por la mañana con varias televisoras internacionales.
La medida se conoce días después de una escalada del conflicto armado en la zona fronteriza con Colombia, causada por una serie de secuestros perpetrados por disidentes de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los gobiernos de ambos países desarrollan acciones militares en la zona fronteriza para dar con el paradero de Guacho, el hombre que lidera la banda Oliver Sinisterra, conformada por disidentes de las FARC a quienes se les atribuyen los secuestros y otros atentados, entre ellos el asesinato de dos periodistas y un chofer el diario ecuatoriano El Comercio.
El gobierno colombiano y el ELN están en conversaciones desde el 7 de febrero de 2017 para negociar una salida pacífica al conflicto armado. Desde entonces, su máximo logro ha sido pactar una tregua por tres meses, que una vez que expiró desató una ola de atentados del grupo armado.
Como anfitrión de los diálogos de paz entre el ELN y Colombia, el gobierno de Ecuador facilitó la logística para las conversaciones en Quito.
Abren investigación penal contra Correa
La Fiscalía General abrió una investigación contra el ex presidente Rafael Correa y 10 funcionarios públicos por presuntos malos manejos en la contratación de deuda externa. Por primera vez el ex mandatario es implicado en una investigación penal.
La indagatoria tiene como base una auditoría dispuesta por la Contraloría General que determinó que el gobierno de Correa declaró secreta la documentación de la deuda, cambió el cálculo para fijar la relación deuda-producto interno bruto a fin de ampliar el monto de contratación y una venta anticipada de petróleo que no consideró como créditos.