Ordena Inai al SAT informar sobre régimen de agro y pesca
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que busque y dé a conocer el número de personas morales que pagan impuestos en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, y que presentaron declaración anual en 2014, 2015 y 2016.
Un particular solicitó dicha información, pero el sujeto obligado contestó que luego de haber hecho una búsqueda exhaustiva, el resultado fue la inexistencia de datos. El peticionario se inconformó con la respuesta, por considerar que el SAT debía tener un registro de la información requerida.
En la fase de alegatos, el órgano fiscal sostuvo que la inexistencia de cifras no radica propiamente en las limitaciones de las funciones del sistema informático para generarla, sino que tal información no le es suministrada, lo cual hace imposible tenerla bajo los parámetros solicitados por el particular.
Al analizar el caso, el comisionado Óscar Guerra Ford destacó la importancia de conocer esas cifras, toda vez que se trata de personas morales beneficiadas por un régimen de excepción de pago del impuesto sobre la renta (ISR).
Dicho régimen, pese a estar contemplado por las leyes hacendarias, representa una pérdida del ingreso para las finanzas públicas, que en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2016 significó que las arcas públicas recibieron 5 mil 742 millones de pesos menos por el concepto de Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, subrayó el comisionado.
Por lo anterior, y a propuesta de Guerra Ford, el pleno del Inai instruyó al SAT realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir la señalada, y entregarla en los términos referidos. con las inhabilitaciones y multas anunciadas por la SFP en contra de algunas de sus filiales y funcionarios.
Aseguró haber aportado “los elementos requeridos por ley para la apertura de los procedimientos de sanción correspondientes”, por lo que impugnará las sanciones “indebidamente impuestas por la SFP”, reservándose el derecho de fincar responsabilidades ante las autoridades competentes.
Como se recordará, en una inserción pagada en diversos medios, la empresa aseguró el lunes pasado que las sanciones administrativas impuestas por el gobierno mexicano en contra de sus empleados y subsidiarias “son totalmente infundadas e improcedentes”, debido a que desde 2017 había manifestado su intención de colaborar con las autoridades para aclarar los actos de corrupción que se le atribuyen.
Sin embargo, la SFP respondió ese mismo día que lo único que hizo Odebrecht –en abril de 2017– fue presentar un escrito en el que manifestó su disposición a colaborar ante las autoridades competentes, y de esa manera reducir las sanciones en su contra, pero “sin aportar elementos de prueba para acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta”.
Derivado de lo anterior, notificó a la empresa brasileña que no procedía su solicitud de reducción de sanciones. Ante ello, Odebrecht interpuso un juicio de amparo, que una instancia federal resolvió en favor de la SFP por considerar que la compañía sólo había manifestado su intención de colaborar, pero sin hacerlo realmente.
Consultado sobre el tema, el director ejecutivo del Movimiento Nosotrxs, Luis Fernando Fernández, consideró que la falta de sanciones contra los servidores públicos que presuntamente están involucrados en los actos de corrupción de Odebrecht deja ver que los grupos responsables de estas acciones han “capturado” a los organismos gubernamentales encargados de investigarlos.
Lo que ocurre en México con Odebrecht “es un tema de captura institucional. ¿Qué esperanzas tenemos de que los casos avancen con estructuras tan maltrechas y permeadas?”, se cuestionó el especialista.
Captura de los organismos oficiales encargados de investigar: ONG