Asegurar autonomía de medios y libertad de expresión, demandan ONU y CIDH
La falta de regulación en México, serio riesgo, coinciden
Los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, exhortaron a las autoridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.
“Miembros del gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”, manifestaron en un posicionamiento conjunto.
“México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos, a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos”, coincidieron.
Manifestaron preocupación porque el proyecto de ley en la materia que fue aprobado hace unos días en la Cámara de Diputados, y que se discute en el Senado –tiene que aprobarse antes del 30 de abril–, “deje un amplio margen de discreción a las autoridades para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
Además, resaltaron que “es esencial contar con criterios prestablecidos con claras obligaciones oficiales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo”.
También se dijeron preocupados porque se carezca de un sistema efectivo de rendición de cuentas, debido al incumplimiento de la norma.
“Valoramos las nuevas discusiones en el Senado y exhortamos a los legisladores a llevar a cabo una revaluación de la legislación propuesta, realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil y otros actores interesados para asegurar el cumplimiento de las leyes internacionales de derechos humanos”.