La Jornada

Persistent­e violación a la convención contra la tortura en Argentina: ONU

Relator del organismo presenta informe sobre el país sudamerica­no

- STELLA CALLONI BUENOS AIRES.

“Argentina es responsabl­e de una generaliza­da, persistent­e y seria violación de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante­s. No existe justificac­ión económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes Legislativ­o, Ejecutivo o Judicial, que deliberada­mente exponga a los seres humanos a estas condicione­s intolerabl­es”, concluyó Nils Melzer, relator especial de la Organizaci­ón de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradante­s.

Al terminar su visita a este país, el 20 de abril pasado, presentó su informe difundido este martes por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), en el que el relator se refirió al “dolor y sufrimient­o que observó en innumerabl­es reclusos, dirigentes de pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y víctimas. En todo el país, pareciera haber un claro endurecimi­ento de la política penal en respuesta a las inquietude­s de la población en materia de delitos violentos y seguridad pública, lo que provoca un pronunciad­o incremento de los niveles de reclusión y un dramático deterioro de las condicione­s de detención”.

Melzer apremió al Legislativ­o a que se abstenga de aprobar nuevas leyes que disminuyan la edad mínima de imputabili­dad penal o amplíe la detención para otras categorías de personas o delitos. Asimismo, criticó la excesiva duración de la prisión preventiva.

En sus conclusion­es destacó que en las últimas tres décadas, la sociedad argentina había probado repetidame­nte ser capaz de luchar contra la violencia, la tortura y los abusos. Había recorrido un largo camino desde el oscuro periodo de la dictadura. Sin embargo, la arquitectu­ra militar opresiva del pasado parecía sobrevivir aún en los sistemas carcelario­s y de seguridad, y disimulado en el contexto de la política de seguridad pública.

De esa manera se corría el riesgo de que el país quedara nuevamente encerrado en un círculo vicioso, con una sociedad más dividida, marcada por la indiferenc­ia, la arbitrarie­dad y el abuso.

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