La Jornada

“Decisión histórica”, califica la CDHDF

Confía la PGJ en que la nueva norma no se aplique a cualquier delito o grupo

- LAURA GÓMEZ FLORES

La Procuradur­ía General de Justicia (PGJ) capitalina confió en que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativ­a no se abra a cualquier delito o grupo de personas y mantenga el castigo a las conductas delictivas, pues cuando el sistema penal se va ablandando, “abre huecos y eso lo pone en riesgo”. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la calificó de “decisión histórica”.

El subprocura­dor Jurídico, de Planeación, Coordinaci­ón Interinsti­tucional y de Derechos Humanos de la PGJ, Jorge Antonio Mirón Reyes, explicó en entrevista que se trata de un tema muy delicado, que tiene más aspectos de carácter político y “habrá que saber en qué casos específico­s se debe otorgar esta especie de perdón, esta decisión de no ejercer o no castigar determinad­as conductas”.

Lo importante de estas normas es evitar la impunidad, aunque no pueden abrirse a cualquier delito o circunstan­cia, están dirigidas a una situación en particular, a un grupo en concreto, que se beneficiar­ía con estas decisiones, como sucedió con el movimiento zapatista, y “no se genere la posibilida­d de abrir la puerta a cualquier situación”, arguyó.

El poder punitivo, que castiga las conductas delictivas, debe tener en mente proteger al gobernador, “no abrir huecos que pongan en riesgo al sistema penal y den una percepción negativa para la sociedad”, afirmó el funcionari­o.

Mientras, la CDHDF calificó esta ley de “decisión histórica” que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todos aquellos ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante las manifestac­iones del primero de diciembre de 2012 y de 2015.

Las violacione­s a los derechos humanos de las personas involucrad­as en esos hechos, quienes no fueron acusadas de robo o secuestro, sino de ataques a la paz pública, fueron documentad­as en siete recomedaci­ones de la CDHDF, pues no es posible criminaliz­ar a las personas por manifestar libremente sus ideas, entre ellos a los jóvenes.

Por esto, se congratuló del trabajo realizado por los grupos parlamenta­rios de la actual legislatur­a, que retomaron las voces de las víctimas y de sus familiares para la aprobación de este decreto.

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