Organizaciones feministas celebran 11 años de la interrupción legal del embarazo en CDMX
Más de 193 mil mujeres “han ejercido su libertad de conciencia”, señalan
Demandan al gobierno federal que la práctica de la ILE sea en todo el país
Organizaciones feministas celebraron ayer los 11 años de la interrupción legal del embarazo (ILE) en Ciudad de México. Católicas por el Derechos a Decidir señaló que hasta el momento más de 193 mil mujeres “han ejercido su libertad de conciencia” sin poner en riesgo su salud y su vida.
Resaltó la vigencia de la ley aprobada que permite que las mujeres puedan interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas. Reconoce la autonomía moral “al permitirles ejercer su derecho a decidir libremente”.
Expuso que aun cuando el aborto está permitido por diversas circunstancias en México, 29 por ciento de las mujeres que han acudido a la capital del país a practicarse una ILE provienen de otros estados de la República.
“Podemos inferir que dichas mujeres fueron a estos servicios debido a que el acceso al aborto legal en sus estados sigue siendo altamente restringido, aún en caso de violencia sexual –única causal permitida en todo el país– y porque saben que en esta ciudad recibirán una atención de calidad y calidez”.
Por lo que demandaron al Estado mexicano “cumpla con la legislación nacional vigente que permite el aborto por diversas circunstancias y garantice que todas las mujeres del país tengan los mismos derechos para acceder a la interrupción del embarazo”.
La organización Equidad de Género recordó que garantizar este derecho es reconocer que las mujeres son libres de decidir sobre sus cuerpos. Expuso que 34.7 por ciento de las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo no tienen hijos; 26.5 por ciento tiene uno, 22.8 por ciento, dos, y 10.37 por ciento, tres.
“Celebramos la libertad de las mujeres para decidir si queremos ejercer la maternidad y las condiciones para hacerlo.”
Católicas por el Derecho a Decidir llamó a los futuros gobernantes del país “conduzcan su mandato en el marco del respeto al Estado laico y que garanticen la progresividad de los derechos humanos, independientemente de sus creencias o convicciones religiosas.