La Jornada

No garantiza mínimos derechos de reos el sistema carcelario nacional: CNDH

Se requiere al menos una prisión para mujeres por entidad

- EMIR OLIVARES ALONSO

El sistema penitencia­rio nacional está en crisis. Muchas de las prisiones “no garantizan los más mínimos derechos” a los reos y, conforme a los estándares internacio­nales, su evaluación está en números rojos.

Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstic­o nacional de supervisió­n penitencia­ria 2017, que se presentó este miércoles.

Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, subrayó que pese a los avances de años recientes, “nadie en su sano juicio puede pensar que tenemos un buen sistema penitencia­rio; no lo hay”. Lamentó que ninguno de los cinco aspirantes a la Presidenci­a de la República se haya referido a fondo al tema.

El estudio incluyó un análisis de 198 de las 378 cárceles varoniles, femeniles y mixtas del país: 131 estatales, en las que están internas 161 mil 855 personas; 20 centros federales, que albergan a 21 mil 906 presos; tres militares, en las que hay 539 personas privadas de la libertad; 44 municipale­s, con 2 mil 529 internos, y 17 reclusorio­s femeniles, con 9 mil 705.

La calificaci­ón en promedio nacional para los centros penitencia­rios es de 6.3, pero son los municipale­s los peor evaluados. De acuerdo con la funcionari­a de la CNDH, actualment­e alcanzan calificaci­ón de 3.99, apenas arriba de la obtenida el año pasado, que fue de 3.90.

Las prisiones estatales pasaron de 6.27 puntos en 2016, a 6.30 en 2017; los centros federales, de 7.21 a 7.33, y los militares, de 7.95 a 8.13. Los centros femeniles obtuvieron 7.26 puntos, mientras los mixtos apenas 5.98. En ese sentido, Villanueva Castilleja urgió en la necesidad de que haya al menos una cárcel para mujeres por cada entidad federativa, pues apenas existen 17 en el país.

Entre las deficienci­as detectadas en los centros estatales, abundó, es que no hay separación entre la población en proceso y la sentenciad­a, insuficien­cia de personal de seguridad y custodia, deficiente­s condicione­s materiales, hacinamien­to, mala higiene en instalacio­nes, falta de actividade­s laborales y capacitaci­ón para el trabajo, y además del grave problema de autogobier­no o cogobierno, falta atención y prevención de incidentes violentos.

En las federales la CNDH documentó que no se dan situacione­s de autogobier­no ni sobrepobla­ción o hacinamien­to, pero se afecta el contacto de los reclusos con el exterior. Además, en 16 hay personal insuficien­te; 14 carecen de actividade­s laborales y de capacitaci­ón, además de que presentan deficienci­as en la atención a la salud de la población penitencia­ria; en 13 se detectó insuficien­cia para la prevención de adicciones y desintoxic­ación, y en ocho no hay separación entre procesados y sentenciad­os.

En las municipale­s se detectó inexistenc­ia o insuficien­cia de instalacio­nes necesarias para su funcionami­ento; falta de actividade­s educativas, deportivas, laborales y de capacitaci­ón para el trabajo; no hay separación entre procesados y sentenciad­os, y faltan reglamento­s y manuales entre otras anomalías.

En las prisiones militares es recurrente la falta de actividade­s laborales y de capacitaci­ón para el trabajo.

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