Ante la CIDH, el Estado reconoce omisión para aclarar feminicidio
Desde 1994 se ha tolerado la operación de un individuo o grupo que mata niñas: ONG
Autoridades se comprometieron a garantizar el acceso a la verdad y la justicia Norma Andrade, madre de joven asesinada en 2001, ha sido víctima de dos atentados
El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su “responsabilidad internacional” por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra García Andrade, en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El caso se debatió ayer durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de ese organismo regional, que se celebra esta semana en Santo Domingo, República Dominicana. Ahí se abordaron también los casos de criminalización de víctimas de tortura y de los defensores de derechos humanos que abordan esos temas. Respecto de esto, los afectados y organizaciones civiles pidieron medidas para que en el país se acabe con la impunidad en miles de casos.
En la audiencia sobre el caso de Lilia Alejandra, Norma Andrade, madre de la víctima, y sus representantes legales señalaron que se han dado una serie de omisiones y obstáculos tanto a escala estatal como federal para mantener el caso impune, y a más de 17 años de distancia no hay un solo detenido. atentados contra su vida, sin que hasta ahora, denunció, se hayan abierto investigaciones al respecto, lo que causó el asombro de los comisionados de la CIDH.
Los peticionarios exigieron que en las indagatorias se tome en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres que desde la década de los 90 se dio en Ciudad Juárez, la relación de los otro cuatro casos donde se halló el ADN de uno de los posibles responsables, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso conocido como Campo Algodonero, también sobre feminicidios en esa urbe fronteriza.
Norma Andrade detalló que recientemente recibió una propuesta de solución amistosa por parte del Estado mexicano, pero señaló que no acepta los actuales términos, porque no confía en el gobierno. Por ello pidió a la CIDH su intervención para alcanzar la verdad y la justicia.
Por el Estado mexicano, los subsecretarios para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, reconocieron la “responsabilidad internacional” de México.
“El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación e insensibilidad que ha habido en las investigaciones”, dijo Avante.
Se comprometieron a que las indagatorias desde ahora “serán elocuentes” y se garantizará el acceso a la verdad y la justicia. Los comisionados de la CIDH presentes lamentaron la incapacidad oficial para llegar a fondo y se comprometieron a acompañar a los deudos en su búsqueda de justicia.
Durante el tema de criminalización de los defensores de víctimas de tortura, los representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron al Estado crear un mecanismo internacional para combatir la impunidad en miles de estos casos, lo que permitiría a las autoridades investigar y presentar acusaciones contra quienes hayan cometido o tolerado este delito, incluidos funcionarios públicos.
Los funcionarios, por su parte, recordaron las normas y protocolos que se han aprobado para combatir la tortura, así como todos los posicionamientos oficiales para reconocer la labor de los defensores de derechos humanos, y dijeron que las autoridades no avalan los estigmas contra los activistas.
En las audiencias de ayer también se abordó el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los adultos mayores. Este martes tocará el turno al caso Ayotzinapa.