Condenan ONG la descalificación contra el reporte de Naciones Unidas
La autoridad muestra su sistemática actitud de negación
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó, al presentar su informe anual ante el Poder Judicial de la Federación, que la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional.
Expuso que el proceso electoral “está generando crispación, animosidad, polarización e incertidumbre entre algunos grupos de nuestra sociedad, e incluso violencia política, la cual condenamos enérgicamente bajo cualquier forma en que se exprese”.
El ombudsman nacional dijo que los mexicanos hemos empezado a asumir como parte de nuestra normalidad los elevados Las descalificaciones del gobierno de México al informe presentado por Naciones Unidas sobre presuntos casos de tortura contra varias personas para que se autoinculparan por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es muestra de la sistemática actitud de negación de las autoridades ante las críticas de organismos internacionales.
Así lo afirmaron representantes de organizaciones civiles, quienes subrayaron que esa posición de endurecimiento no sólo busca negar la crisis de derechos humanos que vive el país, sino que trata de evadir la responsabilidad personal de ciertos funcionarios de la actual administración una vez que dejen sus cargos.
Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que las críticas del Estado mexicano contra Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), forman parte de una estrategia sistemática de no aceptar informes o recomendaciones críticas.
“Lo hizo cuando descalificó al relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, quien dijo que era práctica generalizada en México; también con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (del caso Ayotzinapa) y con otros mecanismos. Es práctica constante del Estado mexicano y eso es sumamente alarmante”, deploró el activista.
Ventura consideró que “esa radicalización no responde a otra cosa que a sus intereses de conservar el poder y negar las cosas malas que ha hecho”, pero también está relacionada con el temor de que altos funcionarios del actual gobierno puedan ser acusados por violaciones a las garantías básicas. índices de homicidios, la violencia contra las mujeres, los ataques y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, así como la subsistencia de prácticas contrarias a la dignidad humana, como tortura, desaparición forzada, detenciones y ejecuciones arbitrarias.
En la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que es preocupante la cerrazón del gobierno mexicano ante los informes que documentan la crisis de derechos humanos en el país, ya que se niega la realidad y se busca desacreditar a gran cantidad de especialistas y organismos. González Pérez resaltó que el “país atraviesa un proceso electoral que, más allá de ser una ocasión para el debate, la reflexión y el planteamiento de ideas y propuestas para lograr un mejor futuro, desafortunadamente está generando crispación, animosidad, polarización e incertidumbre entre algunos grupos de nuestra sociedad, e incluso violencia política,
“Es aterrador que después del tiempo que lleva sin ser resuelto (el caso Ayotzinapa), ahora se quiera llegar al extremo de amenazar a la ONU-DH por este informe tan valiente. Duele mucho que a quienes han trabajado ahora se les acuse de algo que además es falso. No se puede acallar la voz de Jan Jarab”, enfatizó. la cual condenamos enérgicamente bajo cualquier forma en que se exprese”.
Afirmó que “los ejercicios democráticos deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia o división”.
En su informe, el titular de la CNDH criticó que “la confianza en el derecho y su aplicación ha dado paso a la desesperanza y fomentado que la sociedad cada vez espere y confíe menos en las instituciones públicas y en quienes las integran, situación que se ha agudizado en el contexto del proceso electoral que se desarrolla en el país, el cual no ha estado exento de violencia y de impunidad, como lo ha evidenciado la serie de homicidios perpetrados contra aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos que, en su gran mayoría, están lejos de resolverse, así como la violencia y amenazas que se ejercen y expresan a través de las redes sociales”.
En este contexto, expuso ante ministros, magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, que México “no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad”.
PGR retrasa trabajo de CNDH
La Procuraduría General de la República (PGR) está retrasando la entrega de información acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dentro del llamado caso Iguala, y las grabaciones obtenidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en las cuales se da cuenta del papel que tuvieron líderes del cártel Guerreros Unidos que estaban en Chicago cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes, en septiembre de 2014, reveló González Pérez, tras rendir su informe de labores.
“Están retardando la entrega de la información, nos están haciendo copiarla (a mano)”, dijo el ombusdman, quien también mencionó que les faltan 300 páginas de datos relacionados con la investigación de la PGR.