MÉXICO SA
NAICM: inverosímil ◗ Estado desmantelado ◗ Dólar rebasa a Meade
or increíble que suene, el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, asegura que el gobierno peñanietista “descartó concesionar la construcción de un nuevo aeropuerto debido a que la terminal aérea será rentable”, con ingresos “altamente atractivos”para el erario.
Se trata, desde luego, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), “la obra insignia del Plan Nacional de Infraestructura” que desde el anuncio mismo de su construcción generó severas críticas por el elevadísimo costo que implica, el daño ecológico que generará y, casualmente, el otorgamiento de los jugosos contratos a los empresarios de siempre.
Por estos días el tema del NAICM ha provocado un acalorado debate en pro y en contra, el cual, por lo visto, en Los Pinos quieren dar por concluido con el citado comentario: no a la concesión, cuando el candidato de Morena se ha pronunciado en sentido contrario.
Sí explicó Sánchez la decisión gubernamental: en los años 90, cuando se concesionaron una serie de aeropuertos del país, el Estado mexicano decidió no licitar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, “por una razón estratégica”, pues es el más rentable y los ingresos que genera “son altamente atractivos” para el gobierno mexicano.
“Con esa misma óptica se llevó a cabo la planeación de este nuevo aeropuerto y en esta misma lógica, el esquema que conocen, que es fundamentalmente con inversión privada, pero el gobierno mexicano mantiene la altísima rentabilidad” (La Jornada, Julio Reyna Quiroz).
Lo dicho por el vocero no pasaría de ser un comentario adicional en el cada día más acalorado ambiente electoral (en el que el NAICM ha ocupado uno de los espacios centrales), de no ser que violenta la argumentación –por llamarle así– de seis gobiernos neoliberales al hilo para justificar el desmantelamiento del aparato productivo del Estado mexicano, cuya cereza fue la “reforma” energética.
En esos largos 36 años (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto) todo privatizaron, de todo se deshicieron, bajo el pretexto de que el gobierno de la República no tenía por qué mantener a un “Estado obeso” e “incapaz”, cuando existían urgencias sociales que debían ser atendidas de inmediato.
A la vuelta de los años, la deuda social alcanza niveles incalculables, y contando, mientras que la riqueza del Estado se repartió entre unos cuantos empresarios que obtuvieron a precio de ganga paraestatales altamente rentables y concesiones para poner en marcha jugosos negocios a costillas de los bienes de la nación.
De allí lo verdaderamente increíble de la versión difundida por el vocero de Los Pinos, porque de ser esa la posición real del gobierno de la República, la infraestructura productiva del Estado se mantendría al servicio de la nación y no hubiera sido entregada al capital privado, precisamente por la altísima rentabilidad de los consorcios públicos (siderúrgicas, mineras, telefónicas y muchísimo más), amén de que el erario se habría ahorrado miles y miles de millones en “rescates”, “salvamentos” y conexos de las propias empresas privatizadas.
Para entender de qué se trata y darle contexto, retomo un texto publicado años atrás en este espacio con motivo de la promulgación de las leyes secundarias de la “reforma” energética: todo comenzó a finales de 1982, con la “reordenación” de las empresas propiedad de la nación mandatada por Miguel de la Madrid, en el entendido –según dijo– de que la nueva generación de tecnócratas modernos (“en los puestos de dirección se ha designado a profesionales y técnicos experimentados, evitando improvisaciones que han significado una onerosa carga para el pueblo de México”) prefería “un Estado fuerte y eficiente” y no “un Estado obeso e incapaz” (MMH, primer Informe de gobierno).
El primer padre modernizador recibió mil 155 entidades paraestatales, y 32 años después (justo antes de la promulgación de las citadas leyes secundarias) sólo restan 75 empresas, y descontando, de participación estatal mayoritaria (siete de ellas en proceso de “desincorporación”), que incluyen a las subsidiarias de Pemex, la banca de desarrollo, las administradoras portuarias integrales, los centros de investigación de Conacyt y Fonatur (a partir de las 11 horas de hoy Pemex y CFE dejan de ser entidades paraestatales).
Dijo el primer padre modernizador que “sólo” se “desincorporarían” las empresas no estratégicas, y por lo mismo la primera que se vendió, a la CTM, fue una fábrica de bicicletas. Pero se siguió de largo, al igual que sus sucesores. Para ellos todo dejó de ser estratégico: acero, minas, banca, astilleros, líneas aéreas, cemento, abasto popular, ferrocarriles, carreteras, satélites, petroquímica, telecomunicaciones, gas y lo que se quede en el tintero, hasta llegar a la meta: petróleo y electricidad.
¿Y todo para qué? El discurso oficial (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto) es el mismo: liberar recursos del Estado para “dar prioridad al desarrollo”, atender “a la población de menores ingresos”, “combatir las urgencias sociales”, “elevar el nivel de bienestar de los mexicanos” y, desde luego, hacer de México, Sociedad Anónima, un país “moderno”, “próspero” y “justo”.
Es necesario contextualizar todo esto: independientemente de los 61 millones de pobres, el raquítico crecimiento económico registrado, el nulo desarrollo observado, la creciente concentración del ingreso y la riqueza, y los miserables salarios, entre tantas otras gracias, a lo largo del proceso “modernizador”, “próspero” y “justo”, de las arcas nacionales han salido muchísimos más recursos para “rescatar” y “sanear” las empresas privatizadas por el gobierno, que los dineros que éste recibió por la venta al capital privado de esas mismas empresas (como muestra allí está el “rescate” bancario: ingresaron alrededor de 12 mil millones de dólares por su reprivatización, y los mexicanos terminarán pagando más de 100 mil millones de billetes verdes por su “rescate”, y la banca ni siquiera es nacional).
Pero resulta que ahora –36 años después de no dejar piedra sobre piedra– el vocero presidencial afirma que no concesionan el NAICM, porque “la terminal aérea será rentable”, con ingresos “altamente atractivos” para el erario.