Madres de desaparecidos en Chihuahua se unen a la Marcha por la Dignidad Nacional
La crisis ha alcanzado niveles ‘‘inadmisibles’’, advierte la ONU y cuestiona cifras oficiales
Reciben mensajes de solidaridad de Canadá En Zacatecas han hallado a 390 de mil 160 ■ Impunidad de entre 96 y 98% ■ Preocupa colusión entre grupos criminales y gobierno
Decenas de familiares de personas desaparecidas partieron ayer desde la Cruz de Clavos de la Plaza Hidalgo, en la capital de Chihuahua, hacia la Ciudad de México, donde participarán este 10 de mayo en la séptima Marcha por la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus Hijas e Hijos, Verdad y Justicia.
Las madres de familia leyeron un posicionamiento y colocaron mariposas monarcas de papel con mensajes de solidaridad escritos por niños y jóvenes que Amnistía Internacional sección Canadá (AIC) envió a las víctimas.
Integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y AIC despidieron a los manifestantes. Sus demandas son: búsqueda y presentación inmediata de las personas desaparecidas, no más impunidad y castigo a los responsables.
Ruth Fierro, coordinadora del Cedehm, declaró: ‘‘Estamos aquí para mostrarles solidaridad y acompañarlos en esta exigencia porque aún no tenemos respuesta adecuada sobre las desapariciones forzadas.
‘‘La emblemática celebración del Día de las Madres se ha transformado en un día de lucha y denuncia con un solo reclamo: el 10 de mayo no tienen nada que festejar, pues les faltan sus hijos e hijas.
‘‘Tuvimos un incremento significativo a partir de 2008, cuando se inició aquí la Operación Conjunta Chihuahua y la militarización, hasta 2010, cuando llegó a su punto máximo, pero el problema continúa hasta hoy”.
En el estado, 2 mil 406 casos
Chihuahua ocupa el tercer lugar en el país en desapariciones en proporción con su población, una tasa de 55 casos por cada 100 mil habitantes, sólo superada por Tamaulipas (165) y Sinaloa (93), según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el estado hay 2 mil 406 desaparecidos y 35 mil familias buscan algún pariente. Desde el año pasado cuentan con el apoyo de un equipo argentino de antropología forense, que trabaja en la identificación de restos encontrados en fosas clandestinas.
La mayoría de los restos corresponde al periodo de la guerra contra el narcotráfico que declaró el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Setenta por ciento de los restos hallados son de hombres y 30 por ciento de mujeres.
En la capital de Zacatecas, decenas de madres de desaparecidos se reunieron con funcionarios de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, entre otros, para ofrecer testimonios y demandar ‘‘que nos escuchen y se toquen el corazón. La incertidumbre es un infierno, una pesadilla’’.
La mesa del presidium y el piso del vestíbulo del teatro universitario Fernando Calderón, donde se efectuó el foro, quedaron cubiertos con lonas que tenían impresos los rostros de decenas de personas desaparecidas, sus datos y el lema ‘‘Nada que festejar’’.
María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la CDHEZ, destacó que de 2008 a 2018 han sido denunciados mil 160 casos de personas desaparecidas ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. Sólo han sido localizadas 390, la mayoría muertas.
Con lágrimas, sollozando, una a una las mujeres tomaron el micrófono para narrar sus tragedias. Una de aproximadamente 35 años, quien no ha localizado a dos hijas, denunció que en el municipio de Río Grande ‘‘ni siquiera me tomaron la denuncia en el Ministerio Público.
‘‘Mis hijas llevan cuatro años ocho meses desaparecidas, y allá no sucede nada. Es muy difícil, no te hacen caso. He tocado muchas puertas y no hay nada. No tengo recursos para venir seguido a la capital a ver el caso.’’
Otra mujer señaló: ‘‘Va para dos años que mi hijo desapareció, en julio. Interpusimos tres denuncias: en Valparaíso, Zacatecas, y en Huejuquilla y Colotlán, Jalisco’’. En los tres lugares ‘‘nos traen con vueltas. Nadie nos da respuesta. Se avientan la bolita de Jalisco a Zacatecas y de vuelta.’’ En el actual entorno de inseguridad y violencia, la desaparición forzada de personas en México se recrudeció y alcanzó ‘‘niveles inadmisibles, críticos y reprobables’’, con un saldo, ‘‘al menos en las discutibles cifras oficiales’’ que ronda 34 mil personas, dijo Alan García Campos, jefe de la unidad de análisis de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en México.
La desaparición forzada ‘‘es uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano’’, consideró ayer García Campos en un foro sobre la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en esta capital.
Otro de los grandes problemas del Estado mexicano, afirmó, es la impunidad, que en el caso de las desapariciones denunciadas es de entre 96 y 98 por ciento. La ausencia de castigo a los criminales es ‘‘el principal combustible para que siga este delito. El Estado mexicano debe adoptar medidas eficaces para sancionar a todos aquellos que hayan tomado parte en la desaparición de una persona’’, afirmó.
García Campos consideró ‘‘inconcebible’’ que ninguna persona haya rendido cuentas ante la justicia por la desaparición de personas durante la guerra sucia en México. ‘‘Estamos hablando de la impunidad absoluta de conductas que claramente fueron perpetradas por agentes estatales.
‘‘Como Oficina del Alto Comisionado estamos acompañando los esfuerzos del Estado mexicano, pero particularmente a las víctimas, que claman por localizar con vida a sus seres queridos, por el esclarecimiento de los hechos, por la verdad, por reparación efectiva y por garantías de no repetición.’’
Lamentablemente, señaló, en México ‘‘se han detectado niveles muy preocupantes de colusión entre criminalidad y gobierno. En algunas ocasiones no se sabe dónde termina el brazo de la criminalidad y dónde empieza el del gobierno, y esto obviamente conspira en contra de la posibilidad de esclarecer los hechos y de que los responsables rindan cuentas’’.