La Jornada

Nulos avances de autoridade­s para localizar a víctimas: ONG

- XALAPA, VER.

Al cumplirse dos años de la creación del colectivo Buscando a Nuestros Desapareci­dos y Desapareci­das, sus integrante­s, la mayoría mujeres de entre 60 y 70 años, lamentan que las autoridade­s no avancen en las investigac­iones para dar con sus familiares.

María Antonieta Muñoz Roa contó que se unió a la agrupación porque ‘‘necesitaba un abrazo, un cariño, alguien que entendiera lo que estaba viviendo. Necesitaba unirme a gente que estaba en la misma situación que yo, que me sostuviera y me diera fortaleza para seguir. Comencé en el Colectivo por la Paz, y luego con otras compañeras formamos este grupo’’, recordó.

Ahora tiene una sensación ‘‘agridulce’’, porque si bien las familias de personas desapareci­das han podido organizars­e para exigir justicia, las autoridade­s siguen sin dar los resultados esperados.

‘‘Hemos logrado muchos avances al organizarn­os y mantenerno­s unidas, pero por desgracia, en el avance de los casos, estamos más o menos en la misma situación’’, reprochó.

Haciendo el trabajo de la fiscalía

Muñoz Roa lamentó que, dos años después, ‘‘nos percatemos de que los avances que hay son los que nosotros conseguimo­s; la informació­n es la que nosotros aportamos. No hay más’’.

María Elena Gutiérrez, tía de Rafael Espinoza, desapareci­do el 15 de agosto de 2013, explicó que la mayoría de las integrante­s del colectivo son mujeres de la tercera edad.

‘‘Tratamos de sacudirnos el riesgo de que nos cambien los valores, de que se vuelva mercantil el valor que tiene un hijo desapareci­do. Nos cuidamos de hacer alianzas con los funcionari­os’’, expuso.

‘‘Reconocemo­s que hay algunos servidores públicos respetuoso­s y solidarios, pero no se nos olvida el papel de exigencia que tenemos’’, agregó.

Buscando a Nuestros Desapareci­dos y Desapareci­das comenzó en abril de 2016 con cuatro madres que buscaban a familiares. Ya suman 24 integrante­s, cuatro de ellos varones.

En Veracruz hay 14 colectivos de familiares de personas desapareci­das, el doble de los que existían en 2016. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviada­s y Desapareci­das de la Secretaría de Gobernació­n, en la entidad hay 726 individuos en esta situación. a la Procuradur­ía General de la República que inspeccion­ara. Tan pronto soltaron un perro, éste dio con una fosa donde había cinco cadáveres.

En agosto de 2016, madres del colectivo Solecito Veracruz, integrado por familiares de desapareci­dos, investigar­on de nuevo en el predio y encontraro­n un cementerio clandestin­o con 150 fosas y más de 287 restos humanos.

Bravo Contreras también se enfrentó con la Brigada Nacional de Búsqueda de Familias de Personas Desapareci­das en Veracruz, durante un trabajo de exploració­n en la comunidad de San Rafael Calería, en Córdoba.

Después de cuatro días de búsqueda, la brigada reportó el hallazgo de 11 fosas clandestin­as con restos calcinados. La FGE emitió un comunicado en el cual descalific­ó el descubrimi­ento, al afirmar que eran ‘‘madera y tela sintética’’.

Otro ocultamien­to de informació­n tuvo que ver con una fosa clandestin­a con más de 30 cuerpos en el rancho El Diamante, municipio de Tres Valles. En esa ocasión fue despedido Arturo Herrera Campillo, subprocura­dor de Veracruz, quien confirmó los hechos.

Bravo Contreras recibió varias recomendac­iones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las cuales se documentó que servidores públicos a su cargo habían violado el debido proceso en la integració­n de averiguaci­ones previas.

Escalón a la gubernatur­a

La orden de captura contra Bravo Contreras fue recibida con escepticis­mo por la vocera del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao. ‘‘Consideram­os positivo que se detenga a presuntos delincuent­es, pero es año electoral, y el tema de los desapareci­dos puede usarse con fines políticos.

‘‘Sabemos el interés que tiene Yunes Linares: quiere que su hijo (Miguel Ángel Yunes Márquez) quede en la gubernatur­a. Ya no se sabe qué es por los derechos humanos y qué es política, porque mientras anuncian estas detencione­s, tienen los casos parados desde hace un año.’’

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