Amparo contra la CEAV por retrasar resolución sobre la guardería ABC
A nueve años de los hechos se revictimiza a familiares
drogas,s transportados en bultos, y la exportación de armas hacia territorio mexicano.
Por ello, la recompensa de 5 millones de dólares muestra la seriedad de las intenciones del gobierno estadunidense por capturar a este fugitivo y se ofrece mediante el Programa de Recompensas de Narcóticos, el cual ha logrado que 67 de los principales traficantes hayan sido llevados ante la justicia.
El Departamento de Estado ha pagado más de 108 millones de dólares en recompensas a quienes han otorgado información relacionada con dichas capturas. Esta instancia indicó que trabaja alrededor del mundo para detener el suministro de drogas dirigidas hacia el territorio estadunidense y para desarrollar cooperación internacional en el combate a los criminales y traficantes trasnacionales. Un juez federal admitió una demanda de amparo interpuesta por los familiares de las víctimas de la guardería ABC contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El abogado Miguel Nava explicó que entre los actos reclamados está que la CEAV ha sido omisa en cumplir con los plazos para emitir las resoluciones de la reparación del daño integral, lo que revictimiza a los padres.
“Presentamos también una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tampoco quiere emitir la recomendación. Están revictimizando a las familias”, enfatizó.
Sostuvo que el comisionado presidente de la CEAV, Jaime Rochín, está incumpliendo con sus responsabilidades y se maneja con “opacidad” en el caso de la guardería ABC.
La demanda de amparo fue admitida en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, con lo que la defensa espera que la comisión cumpla con los plazos para emitir las resoluciones y los afectados puedan acceder a la reparación integral.
La defensa consideró que a casi nueve años de los hechos ocurridos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la CEAV ha violado el derecho de acceso a la justicia de los afectados.
Un documento que entregó la organización Manos Unidas por Nuestros Niños a la PGR en mayo de 2013, indica que el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 fue iniciado en la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal para destruir documentos de la administración del gobernador Eduardo Bours.
Las pruebas que aportaron los padres señalan a tres personas que provocaron el incendio por órdenes de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam Félix, quien se ostentaba como secretario técnico de Eduardo Bours Castelo.