La Jornada

Confían activistas en que la ley sirva para garantizar el derecho a la verdad

Comenzó ayer la Semana del Detenido Desapareci­do

- EMIR OLIVARES ALONSO

La violencia continúa en una alarmante escalada en América Latina, y en México se expresa con la sistemátic­a ocurrencia de la desaparici­ón forzada, que es utilizada “como uno de los mecanismos coercitivo­s y de control que ha provocado dolor e indignació­n en diversos sectores de la sociedad”, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha.

Al dar la bienvenida al inicio de actividade­s en Ciudad de México por la Semana Internacio­nal del Detenido Desapareci­do, que concluye el 30 de mayo, Concha Malo señaló que dada la falta de acciones efectivas de autoridade­s e institucio­nes, los familiares y colectivos se han tenido que organizar para realizar la búsqueda de sus seres queridos y acompañar solidariam­ente a las víctimas en los procesos de exigencia de verdad y justicia.

Confió en que la ley en materia de desaparici­ón forzada sirva como herramient­a “para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia, a la memoria y a la verdad, donde la voluntad política y la generación de diálogos integrales y fructífero­s con las víctimas y las organizaci­ones sociales posibilite­n la construcci­ón de condicione­s adecuadas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este crimen de lesa humanidad”.

Las actividade­s por la Semana Internacio­nal del Detenido Desapareci­do, organizada­s por el Comité Cerezo, comenzaron con la conferenci­a El derecho a la verdad en los casos de desaparici­ón forzada.

Carolina Robledo, del Centro de Investigac­ión y Estudios Superiores en Antropolog­ía Social –quien ha trabajado desde hace varios años el tema de desaparici­ones en el país–, aseveró que el derecho a la verdad es central en la discusión sobre la forma cómo deben ser enfrentado­s los crímenes atroces, especialme­nte en contextos donde se ejecutan de forma masiva.

Hizo un análisis de las fortalezas y los límites de las comisiones de la verdad contra la verdad judicial, y subrayó que en el tema de desaparici­ón forzada el derecho a la verdad se traduce en al menos los siguientes elementos: reconocer que se trata de un fenómeno sistemátic­o y generaliza­do; conocer el paradero de las personas desapareci­das; saber qué sucedió mediante un ejercicio de esclarecim­iento de los hechos de identifica­ción de los responsabl­es; identifica­r el padrón de desaparici­ones forzadas, y que el Estado reconozca su responsabi­lidad.

Robledo citó varios elementos para hablar del acceso a la verdad y destacó que el ejercicio de construcci­ón de ésta sólo es posible si hay garantías básicas de seguridad, de libertad de pensamient­o y expresión. Y en México “no estamos frente a ese panorama”, concluyó.

Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos y Desapareci­dos Hasta Encontrarl­os, hizo un llamado de alerta ante la intención de las autoridade­s de “diluir” su responsabi­lidad en los delitos de desaparici­ón forzada, pues se trata de un crimen cometido por agentes del Estado y como tal debe ser sancionado.

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