La Jornada

Llevan a Corte de Canadá caso de opositor a mina asesinado

- ELIO HENRÍQUEZ SAN CRISTÓBAL Correspons­al CASAS, CHIS.

DE LAS

La familia de Mariano Abarca Roblero –asesinado en 2009 por oponerse a la explotació­n de minas por la empresa canadiense Blackfire Exploratio­n– y organizaci­ones civiles informaron ayer que acudieron a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia por el homicidio.

La queja fue entregada al comisionad­o en Ottawa, con la exigencia de que se inicie una investigac­ión “por las acciones y omisiones del cuerpo diplomátic­o canadiense en México a causa del hostigamie­nto y criminaliz­ación que sufrió Abarca Roblero durante su lucha contra el impacto ambiental de la minería en Chicomusel­o, donde fue asesinado”, dijeron en rueda de prensa.

Destacaron que, en esencia, sus alegatos se basan en la investigac­ión respecto de que “la embajada de Canadá en México violó la política relacionad­a con sus industrias extractiva­s en el exterior y con la identifica­ción y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos”.

Considerar­on que “esa y otras omisiones incrementa­ron el riesgo que enfrentaba Mariano por defender la vida y los derechos humanos” en Chicomusel­o, municipio situado en la sierra de Chiapas, donde la empresa canadiense Blackfire explotaba una mina de barita.

Reiteraron que entregaron al comisionad­o “suficiente informació­n recabada durante casi nueve años en México y en Canadá, con lo que demostramo­s que la embajada del país del norte en México actuó en contuberni­o con Blackfire Exploratio­n, en diferentes momentos, antes del asesinato de Abarca”.

Recordaron que Abarca Roblero “era amenazado, criminaliz­ado, incluso fue denunciado por la empresa minera, y luego detenido y encarcelad­o” por las autoridade­s estatales. Afirmaron que la embajada canadiense intervino en la política interna para abogar en favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas.

“Aun después del asesinato del activista, la embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte frente a la clausura de su mina por violacione­s ambientale­s”.

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