Principios éticos y justicia electoral

De esta manera, la impartición de justicia electoral debe realizarse con apego en la legislación aplicable, expresarse en un lenguaje claro, y sus decisiones deben ser identificables con el derecho y las sanas prácticas. Las personas servidoras públicas de los órganos de justicia electoral tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades de forma independiente, sin favorecer a algún actor de la contienda electoral, pues la credibilidad y confianza en los resultados dependen en buena medida de un proceso imparcial.

Mención aparte merece la transparencia del actuar judicial electoral, ya que es característica fundamental en la toma de decisiones públicas. La transparencia debe entenderse desde dos sentidos: en primer lugar, como una obligación de las instituciones —en este caso del impartidor de justicia— y como un derecho de los ciudadanos. Es la transparencia una condición indispensable para la confiabilidad y certeza jurídica del proceso electoral, pero sobre todo es un elemento de legitimidad del modelo democrático.

Por último, el juez electoral debe realizar un trabajo minucioso y exhaustivo en favor de la excelencia de su labor y una óptima prestación del servicio público. Este compromiso incluye también un proceso de capacitación y actualización constante que contribuyan a un desempeño óptimo en la impartición de justicia.

Estos principios son el fundamento de la ética judicial electoral y son esenciales para dar certeza a todas las decisiones de la vida política, pues son los jueces los encargados de interpretar la ley y dar correcta resolución a los conflictos. Abordar el papel de la ética electoral en nuestros procesos democráticos es indispensable para generar confianza en las autoridades y ciudadanos para fortalecer la toma de decisiones comunes.

Flor de loto: La conducta “adecuada” o “correcta” es aquella que evita conflictos y genera consecuencias deseadas.