La policía de EU interroga al joven que asesinó a 10 en escuela de Texas
Un estudiante de Pakistán está entre las víctimas, reporta embajada
La justicia comenzó a interrogar este sábado al adolescente de 17 años que mató a 10 personas el viernes pasado en su secundaria de Santa Fe, Texas. Se trata de la matanza más reciente con armas de fuego ocurrida en un centro educativo en Estados Unidos.
Dimitrios Pagourtzis apareció esposado, con la cabeza baja y respondiendo simplemente “sí, señor”, “no, señor”, a las preguntas de un juez sobre cuestiones procedimentales.
Fue acusado de asesinato, crimen por el que podría ser condenado a pena de muerte.
Anotaciones en los diarios del atacante, obtenidos de su computadora y teléfono, sugerían que quería suicidarse tras cometer los crímenes, pero “se entregó”, informó a la prensa el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.
Un estudiante indicó a una cadena de televisión local que Pagourtzis, jugador de futbol americano, era víctima de acoso: “Los entrenadores lo acosaban e insultaban”. Otras fuentes locales dijeron que el tirador “perdonó la vida” a compañeros suyos que le “caían bien”.
Según las autoridades, el joven había publicado hace poco en Facebook la imagen de una camiseta con la leyenda “Nacido para matar”. Abbott señaló que “no hubo verdaderas señales que indicaran que pasaría a la acción”.
Cientos de personas se reunieron para orar por las víctimas.
La embajada de Pakistán en Washington informó que un ciudadano suyo que se encontraba de intercambio escolar está entre los muertos.
Según medios locales, de los fallecidos al menos seis eran alumnos y uno auxiliar del liceo.
El modus operandi, el perfil del atacante y las imágenes de los adolescentes huyendo de la escuela mostradas por la televisión dejan un aire de deja vu en esta nueva masacre.
A principios de año, un tiroteo en una secundaria de Florida dejó 17 muertos y reavivó el debate sobre el acceso a armas.
Según el diario Washington Post, ha habido más muertos en centros escolares estadunidenses desde el comienzo de 2018 que entre integrantes de las fuerzas armadas.
Más de un millón de personas, principalmente jóvenes, se manifestaron a finales de marzo pasado en todo Estados Unidos, en la llamada Marcha por nuestras vidas, sin que hasta el momento la clase política haya legislado al respecto. kilómetros al sur de Santiago, también es presidente del Consejo Nacional de Prevención de los Abusos dentro de la Iglesia.
Elisa Fernández, quien trabajó en la Pastoral Juvenil de la pequeña comunidad de Paredones, afirmó en el reportaje que informó repetidamente a Goic sobre los abusos, pero el obispo siempre le exigió pruebas.
Fernández agregó que Rubio pertenece a una red de sacerdotes que cometían abusos.
“Lo reconozco. Le di acogida a esta joven que aparece en el reportaje y actué eventualmente sin la agilidad adecuada en el proceso indagatorio del sacerdote Luis Rubio y otros presbíteros mencionados por ella”, indicó Goic en una escueta declaración a la prensa. No aceptó preguntas.
Explicó que los sacerdotes involucrados fueron suspendidos temporalmente de sus actividades mientras se investiga cada caso, y que la próxima semana se mandarán todos los antecedentes al Vaticano.
La información, en manos de la fiscalía
Además, la información fue entregada a la fiscalía de Rancagua para el comienzo de la investigación penal.
El obispado reveló en un comunicado del 14 de mayo que Rubio admitió su participación en los hechos y que recibió denuncias con anterioridad sobre conductas impropias contra el sacerdote, “indagándose los hechos sin resultados”. Agregó que había suspendido al cura mientras era indagado.
El nuevo escándalo salta a la luz pública un día después de que todos los obispos chilenos activos pusieron de manera colectiva sus cargos a disposición del Papa por los alborotos sobre agresiones sexuales que han dañado la imagen y generado una profunda crisis en la Iglesia católica del país.
La Iglesia católica chilena está en la mira mundial por décadas de abusos sin indagar o investigados superficialmente, pese a que había indicios de veracidad en las denuncias de las víctimas, quienes no fueron protegidas por los sacerdotes, dijo Francisco a la conferencia episcopal que convocó a Roma.
Francisco acusó a la jerarquía local de haber destruido pruebas comprometedoras.
No hay plazo para que el Papa acepte todas a sólo algunas de las dimisiones de los obispos por no haber sabido frenar los abusos, que muchas veces no investigaron o retrasaron años las averiguaciones.