Sobre el “Así no” del CMN

egún Boaventura de Sousa Santos, las nuevas modalidades del colonialismo son más insidiosas porque se disfrazan de otras formas de dominación y se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, la igualdad de todos ante la ley y la no discriminación. El sociólogo portugués sostiene que “el colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto”.

Lo anterior podría aplicarse al magnate Carlos Slim Helú en la defensa que hizo de sus intereses en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM). Los antecedentes del caso tienen que ver con la reactivación de la polémica en torno a la viabilidad y los riesgos de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y la eventual cancelación de la obra en caso de que el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gane las elecciones a la Presidencia de la República el próximo primero de julio.

El pasado 22 de marzo, AMLO señaló que a 99 días de los comicios el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba firmando numerosos convenios de miles de millones de pesos para “obras a futuro” en el NAICM y anunció que interpondría amparos para frenar esos arreglos. Dijo: “No aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción bajo ninguna amenaza… no soy títere de nadie”. Y agregó: están “comprometiendo el presupuesto del gobierno federal (por ejemplo para fibra óptica) para amarrarnos las manos… todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa. No voy a aceptar eso”.

Un día después, en Guadalajara, Jalisco, en el foro del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, ante más de 300 constructores de todo el país, propuso la creación de una “mesa técnica” integrada por representantes del gobierno, el empresariado y su equipo, para revisar la pertinencia del proyecto aeroportuario. Allí repitió: “No se trata de preservar los negocios de nadie, sino de preservar los intereses de la nación”. Dijo que existen alternativas para evitar un “derroche de presupuesto público” en una “obra faraónica”, estimada en 250 mil millones de pesos. Ofreció terminar con los moches y las asignaciones directas en los procesos de adjudicación de obra pública, y remató: “Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco, y aunque se trate de contratos leoninos, como los de Odebrecht, los acepte”.

Presente en el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, respondió que sus agremiados también estaban en contra de la corrupción y aceptó la propuesta para una revisión técnica de la obra y de transparentar las asignaciones del megaproyecto transexenal.

El anuncio puso a temblar a todos los involucrados en la construcción del NAICM. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza –uno de los más desacreditados integrantes del gabinete de Peña Nieto, involucrado en prácticamente todas las obras públicas en las que se han detectado irregularidades, deficiencias o abiertas corruptelas, incluida la del sonado caso del Paso Exprés de Cuernavaca− declaró entonces que la suspensión de la obra sería “un descrédito para el país; generaría desconfianza en México, habría una pérdida económica tremenda [y] prácticamente perdería la fe en nosotros [sic] la comunidad financiera internacional, quizá la empresarial”.

Ese 23 de marzo, Ricardo Rangel Fernández McGregor, de CI Banco, la institución financiera que actuó como fiduciaria de la operación por la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) obtuvo recursos por 30 mil millones de pesos, aseguró que ese instrumento financiero permitiría a los inversionistas participar de “ganancias futuras”. Reveló que 80 por ciento de la colocación del papel en bolsa fue tomado por las Afore (administradoras de fondos para el retiro) y que uno de los principales compradores de los títulos fue el Grupo Financiero Inbursa, controlado por Carlos Slim.

Una vez más, el dinero de los pobres beneficiaría los negocios de los ricos. Con el agregado de que la maniobra financiera podría resultar potencialmente nociva para millones de ahorradores, dado que dos semanas antes se había revelado que en 2015, el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano (Pensionissste) había adquirido más de 400 millones de pesos en acciones de la constructora ICA, de Bernardo Quintana, cuando ésta ya daba señales claras y públicamente conocidas de insolvencia, lo cual derivó en la pérdida de 99 por ciento del dinero invertido, ya que el ahorro de los burócratas se diluyó en la reestructura de la empresa en 2017; huelga decir que los millones de ahorradores de Pensionissste no fueron consultados o siquiera informados, y que la operación, si bien fue legal, se realizó con total opacidad y una discrecionalidad que da pie a sospechar de transacciones marcadas por el dolo y la corrupción.

El 2 de abril, entrevistado por La Jornada, AMLO dijo que el NAICM “es un barril sin fondo, es tirar dinero al lago de Texcoco”, pues se eligió el “peor lugar” posible, dado que se trata de un sitio donde hay más hundimientos que en el resto del valle de México. Reiteró que analizaría las vías jurídicas para evitar la continuación de la obra, pidió tranquilidad a los inversionistas, ya que de ganar garantizaría sus bonos y sus contratos, y se opuso a la firma de nuevos contratos que dejarían comprometido el presupuesto a la manera de una “camisa de fuerza” a su gobierno. “No hay racionalidad, es el afán de obtener dinero mediante estos contratos del gobierno”, remató.

Tras haber sido vapuleado por sus pares y el gobierno en los medios el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, por haber aceptado la propuesta de AMLO de revisar técnicamente los acuerdos sobre el NAICM, el 16 de abril saltó a escena el hombre más rico del país y empresario consentido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari: Carlos Slim.

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