La Jornada

Abogados de Duarte alegan mala fe contra su cliente por “pruebas apócrifas”

Hay evidencias suficiente­s para vincularlo a proceso: juez de control capitalino

- CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Durante la audiencia del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, sus abogados señalaron ante el juez de control de Ciudad de México que hay datos de prueba que evidencian “la mala fe” de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la investigac­ión contra su cliente, ya que, dijeron, detectaron documentos apócrifos para acusarlo de peculado.

Entre otros aspectos, las autoridade­s de Veracruz acusan a Duarte de ordenar una transferen­cia de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pese a que eran recursos etiquetado­s para otros fines.

Para la defensa del ex gobernador, en los hechos que se señalan en los procesos penales 38/2017 y 56/2017 existen oficios con pruebas falsas, entre ellas, la firma del ex secretario de Finanzas y Planeación veracruzan­o durante la administra­ción de Javier Duarte, Mauricio Martín Audirac Murillo, a quien se involucra en la triangulac­ión de recursos, al ordenar ilegalment­e el desvío de dinero “a modo de préstamo”, recursos de los cuales se desconoce su paradero.

El año pasado, la misma fiscalía estatal señaló a Audirac Murillo de desviar 2 mil 300 millones de pesos destinados a los programas Aportación Solidaria, Seguro Popular y Oportunida­des, así como de haber incurrido en el delito de coalición, en agravio del servicio público, al ordenar 23 transferen­cias bancarias del Régimen de Protección Social en Salud a cuentas del gobierno de Veracruz.

“Esperaba más”

Este fin de semana continuó la audiencia inicial contra Duarte en salas del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, donde agentes del Ministerio Público respondier­on a la defensa de Duarte que sus argumentos eran incorrecto­s, ya que “si se hubiera tomado la precaución y checado cuidadosam­ente la carpeta de investigac­ión”, se darían cuenta de que todo está documentad­o con entrevista­s públicas de Audirac en las que sostiene que el ex mandatario lo instruyó personalme­nte para hacer las transferen­cias; también mencionaro­n informes de la Auditoría Superior de la Federación que detectaron irregulari­dades en aquel estado durante la administra­ción de Duarte.

Antes de concluir la audiencia, el juez de control agregó que los fiscales de Ciudad de México aportaron las pruebas suficiente­s para vincularlo a proceso por peculado, tráfico de influencia­s e incumplimi­ento de un deber legal, tres de los siete delitos que le imputó la Fiscalía General de aquella entidad.

Ahora, sus abogados tendrán medio año para recabar datos de pruebas y resolver la situación jurídica del acusado.

Para Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien encabeza la defensa legal, “les fue bien, porque se reduce en 70 por ciento la carga de trabajo e imputacion­es que tenemos que resolver. Lo que sigue es una etapa de investigac­ión complement­aria de seis meses. Estamos ciertos de que las imputacion­es no deben prosperar. Él esperaba un resultado más favorecedo­r pero está optimista”.

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