Opositores a cervecera protestan en BC
Caseta y protestan en Playas de Rosarito para exigir liberación de activista preso Asignan escoltas a tres candidatos en Guanajuato
Participantes en la Marcha por la Dignidad, quienes rechazan la instalación de la cervecera Constellation Brands en este municipio y el contrato asignado a la empresa Aguas de Rosarito para operar una de las dos plantas desaladoras aprobadas por el Congreso local, a iniciativa del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ocuparon la caseta de peaje de la carretera Escénica y se manifestaron en Playas de Rosarito contra la privatización del agua.
Los inconformes además exigieron la liberación inmediata del líder del movimiento Mexicali Resiste, León Fierro Reséndiz, vinculado a proceso penal La Secretaría de Gobierno (SG) estatal autorizó asignar guardaespaldas a tres de cinco candidatos que solicitaron seguridad a raíz del asesinato del abanderado de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre.
No se descarta que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) también protejan a los otros dos candidatos, uno a diputado y uno a presidente municipal.
El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, explicó que se están analizando los riesgos en cada caso y que, por seguridad, no podía dar a conocer el nombre de los aspirantes protegidos.
‘‘Tenemos un protocolo, que dimos a conocer en una reunión con los presidentes de los partidos políticos y también al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Cada candidato podrá tener reuniones privadas sin interferencias. Tendrán personal armado y, según el caso, estará vestido de civil o uniformado’’, detalló.
Rodríguez Junquera tampoco reveló el número de elementos de las FSPE que cuidarán a los abanderados, pero resaltó que la corporación está preparada para asignar seguridad a todos los candidatos que necesiten protección.
“La elección en Guanajuato está garantizada. Tendremos seguridad para que la gente salga a votar’’, prometió.
Héctor López Santillana y Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcaldes panistas con licencia de León e Irapuato, respectivamente, quienes pretenden relegirse realizan campaña custodiados por policías municipales. por lesiones calificadas y a quien consideran un preso político.
Ayer por la mañana, los activistas salieron de Tijuana para recorrer el último tramo de su marcha, que se inició hace una semana en Mexicali. A las 10 horas levantaron las plumas de las casetas de la autopista que une Tijuana con el puerto de Ensenada, y durante dos horas dejaron pasar vehículos sin pagar peaje.
Una vez en Playas de Rosarito, se manifestaron contra la instalación de una planta desalinizadora por considerar que faltó una consulta pública para divulgar los términos del contrato de la obra, por la que se pagarán 149 millones de pesos mensuales hasta 2055, cuando la infraestructura pasará a la administración estatal.
Bajo la lluvia, alrededor de las 15:30 horas marcharon por la avenida principal de Playas de Rosarito, coreando ‘‘¡agua sí, cerveza no!’’, ‘‘¡presos políticos, libertad!’’ y ‘‘¡no a la desaladora!’’
La movilización llegó al predio donde se construirá la planta del corporativo Aguas de Rosarito, empresa formada por la fusión de tres firmas extranjeras encabezadas por Consolidated Water Company. El terreno se encuentra en litigio por un conflicto entre los inversionistas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el decreto 168 sobre asociaciones públicas-privadas, que incluye contratos para la construcción de plantas desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín, además de otras cuatro obras.
El análisis de la SCJN es resultado de un recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 11 diputados locales, quienes consideran que, al aprobar el decreto, el Congreso estatal declinó su obligación constitucional de legislar en torno al presupuesto de egresos durante las 12 legislaturas en que estaría vigente el convenio.
El gobierno estatal, la bancada panista en el Congreso de Baja California y sus aliados de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano argumentaron que aprobaron el decreto por las necesidades de agua de la población de Tijuana y de Playas de Rosarito, donde vive la mitad de los habitantes de la entidad.