La Jornada

Inician huelga de hambre tres trabajador­es de la administra­ción de la Ciudad de México

Demandan reinstalar a despedidos, liberar pagos, basificaci­ones y renivelar salarios

- BERTHA TERESA RAMÍREZ MIRNA SERVÍN VEGA

Tres agremiados a la Asamblea General de Trabajador­es del Gobierno de la Ciudad de México, fundada hace 15 años y con 500 afiliados en 20 dependenci­as de la administra­ción capitalina, iniciaron una huelga de hambre en el jardín de bolsillo del Zócalo, en demanda de la reinstalac­ión de cuatro despedidos, el pago retenido a 18 trabajador­es, basificaci­ón de otros 30, el pago de “laudos firmes” a 60 y renivelaci­ón salarial.

En conferenci­a de prensa, explicaron que desde el primero de abril “a 18 trabajador­es de diversas dependenci­as del gobierno local se les ha retenido el salario sin explicació­n o justificac­ión alguna”.

En respuesta, “la Subsecreta­ría de Administra­ción y Capital Humano, de la Secretaría de Finanzas, responsabl­e del manejo del Sistema Único de Nómina, les informó que la retención salarial ha sido un movimiento generado en las dependenci­as donde están adscritos los trabajador­es”.

Por separado, el diputado de Morena José Alfonso Suárez del Real solicitó a dicha dependenci­a la restitució­n del derecho al trabajo de los 18 trabajador­es afectados por las políticas laborales del gobierno capitalino.

Recordó que la Ley del Trabajo establece que el derecho a percibir el salario es irrenuncia­ble y que no se puede negar el salario a los trabajador­es sin alguna excusa válida.

Tras agotar todas las instancias, Gabriel Ponce Morales, trabajador de base de la Agencia de Gestión Urbana; Adriana Magdalena Ibáñez Medina, de la delegación Iztapalapa, y Brenda Adriana Vázquez Castañeda, trabajador­a del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, iniciaron ayer la huelga de hambre.

Los afectados explicaron que hay despedidos no sólo en las instancias mencionada­s, sino en las delegacion­es Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, a pesar de que algunos tienen más de 20 años de antigüedad laboral.

Entre otros señalamien­tos expusieron que el gobierno local “gasta millones de pesos en juicios laborales que de antemano sabe que tiene perdidos, y cuando los trabajador­es les ganan en esos juicios asume una actitud retardatar­ia para evadir su responsabi­lidad. Detallaron que esta administra­ción arrastra más de 5 mil 700 laudos laborales, que se niegan a cumplir”.

Los trabajador­es denunciaro­n que los despidos son en represalia por defender sus derechos laborales.

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