Busca el PRI periodo extraordinario para legislar sobre robo a ferrocarril
Debe considerarse delito de seguridad nacional: Casillas
Como garante de la política exterior, destacó Fernández, el Senado requiere mayor información sobre el tema ya que, advirtió, “en los próximos días se reunirán en Washington autoridades de ambos países para dialogar sobre un eventual acuerdo bilateral para hacer de México un Tercer País Seguro, con lo que estaría obligado a dar asilo a todas las personas que transiten por territorio nacional para llegar al vecino del norte y que no lo consigan”.
Esto, explicó el senador del PT-Morena, es “el equivalente a ser responsable subsidiario de la política migratoria norteamericana; el New York Times lo cabecea de manera importante: ‘Estados Unidos busca que México administre sus peticiones de asilo’”.
Precisó que en el planteamiento de ese acuerdo existen dos errores fundamentales, el primero es declarar que México es un país seguro para los migrantes que van de camino hacia Estados Unidos, lo cual calificó como un sarcasmo, y el segundo error es asumir que México tiene las capacidades para asumir cualquier tipo de compromiso, cuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), está colapsada, devastada, sin capacidad de respuesta ni capacidades técnicas, financieras o infraestructura necesaria.
Aunado a ello, abundó, el Instituto Nacional de Migración (INM) es ineficiente, y tampoco es un ejemplo de confiabilidad institucional ni de integridad. El PRI analiza la posibilidad de un período extraordinario de sesiones en ambas cámaras para aprobar la iniciativa que eleva las sanciones en el caso de robos a ferrocarriles de carga, considerándolo un delito de seguridad nacional, informó el senador Jesús Casillas.
Tanto él como legisladores del PT-Morena reprobaron la estrategia del gobernador de Veracruz de enfrentar con policía armada el robo y descarrilamiento de trenes. “No estoy diciendo que el Estado obvie el monopolio que tiene sobre la violencia, pero no puede ser sólo la estrategia de Rambo”, recalcó Luis Humberto Fernández.
Al respecto, el petista Fernández dijo que el aumento del combate a la violencia cada vez más sofisticada no es un asunto de armas, sino que “el Estado debe definir una ruta y una política con inteligencia para limitar esas expresiones delictivas que se han potenciado en los últimos años”.
Por su parte, el priísta Casillas refirió que presentó en la Permanente una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Nacional que permita tipificar en ese ordenamiento el robo a los trenes y sabotaje a las vías férreas, pero también planteó modificaciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Casillas dijo que ese delito se puede comparar con el robo de hidrocarburos, porque además de que hay “robo hormiga” por el que la gente se lleva bolsitas con los granos que transporta el tren –maíz, frijol, habas, trigo– hay otros delitos cometidos por la delincuencia organizada que desmantelan vías y se las llevan.
Su propuesta, señaló, plantea que ese delito se considere una amenaza a la seguridad nacional, con hasta 9 años de cárcel, para que el Cisen y el Consejo de Seguridad Nacional puedan diseñar estrategias claras de prevención, contención y generar inteligencia para inhibirlo, además de que el Congreso vigile la política pública a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.