Napoleón y Obrador
omo parte de la embestida para bajar a López Obrador de la preferencia de los votantes, desde el anuncio de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado por parte de Morena, se viene insistiendo en el viejo caso de los 55 millones de dólares administrados por el Sindicato Nacional Minero encabezado por su dirigente exiliado en Canadá. La saña para acusarlo resulta tan desproporcionada como la ignorancia de los articulistas de derecha, falsificadores de la historia real de ese dinero, por conveniencia negados a conocer la verdad, mostrando una deshonestidad intelectual sin vergüenza. Algunos destacan por la falta de documentación de sus juicios. Deturpan al sindicato minero y a Napoleón Gómez Urrutia, fabricando de oídas su artículo.
He aquí un resumen brevísimo. En 1991, después de la privatización de los minerales Mexicana de Cobre de Nacozari, Sonora, y la Compañía Mexicana de Cananea, mediante convenio el Grupo México de Germán Larrea Mota se comprometió a otorgar al sindicato minero 5 por ciento de las acciones de cada una de las compañías privatizadas, citadas como “las fallidas” en los documentos originales. Ese monto en acciones fue como una compensación a los mineros y un intento mediático por acallar la indignación social por la venta de ese patrimonio de la nación a precios muy por debajo de su valor. Pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, el convenio de marras fue incumplido una y otra vez por Germán Larrea. Catorce años después de sellado el convenio y consumidos numerosos juicios legales que la defensa de Grupo México bateaba por medio de amparos, por fin en 2005 mediante sentencia ejecutoria el consorcio se vio obligado a crear un fideicomiso y enterar el monto de 5 por ciento al sindicato, equivalente a 55 millones en dólares de ese año.
El sindicato logró distribuir 23 millones de dólares y pagar costos originados por el proceso de recuperación de los activos. En el caso de Cananea, los trabajadores recibieron 80 mil pesos en efectivo. Pero la avalancha de reclamaciones de quienes se consideraban “derechosos” aún sin serlo, incluyó una larga nómina de mineros en activo, jubilados, viudas, hijos y concubinas que vieron la oportunidad de hacerse de un dinero y los abogados de cobrar sus respectivos honorarios. Ante el alud de demandas, el sindicato suspendió la entrega y esperó que las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinaran quién tenía derecho al dinero. En esas estaban cuando la PGR con el pretexto de acusaciones penales de fraude y lavado de dinero confiscó los restantes fondos del fideicomiso, abarcando inclusive las cuentas personales de los funcionarios sindicales. La explosión de la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006, vino a complicar las relaciones entre Grupo México y mineros por las acusaciones de homicidio industrial que el sindicato hizo al consorcio, responsable directo de la explosión que mató a 65 trabajadores. Pero ni esa tragedia ni el caso de los 55 millones fueron la causa que enemistaron al sindicato y Napoleón con el consorcio y el gobierno, como lo afirma el escrito de Sarmiento. Las hostilidades venían de más lejos, pues en la pugna por la reforma laboral propuesta por el presidente Zedillo el sindicato no acató la línea oficial, combatiendo la propuesta de ley incluso oponiéndose a la sumisión mostrada por el Congreso del Trabajo en los siguientes sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto.
Desde 2005 a la fecha el sindicato ha logrado de diversas instancias judiciales el reconocimiento de haber realizado la distribución del recurso; y sobre todo el punto central, que dicho fondo corresponde al sindicato como persona jurídica, regido por estatutos internos e instancias de decisión colectiva. Junto a eso ha tenido también que transitar por un laberinto jurídico en donde su líder ha debido deshacer acusaciones de lavado de dinero y fraude, una y otra vez, pero además sortear amenazas de muerte por parte de los barones de la minería.