La Jornada

Nestora Salgado y el enseñoreo

- LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

ue una genuina explosión de inconformi­dad popular contra la insegurida­d pública. Sin coordinaci­ón entre sí, a finales de 2012 y comienzos de 2013, miles de ciudadanos y comunidade­s se levantaron en Guerrero y Michoacán para enfrentar a la delincuenc­ia organizada y ejercer justicia. Nestora Salgado encabezó esa revuelta en Olinalá, en la Montaña guerrerens­e.

Aunque desde septiembre de 1995 los montañeros comenzaron el proceso organizati­vo que dio origen a la Coordinado­ra Regional de Autoridade­s Comunitari­asPolicía Comunitari­a (CRAC-PC), la ola de descontent­o de los pueblos contra el crimen organizado de finales de 2012 fue tan vigorosa y espontánea que, en un primer momento, desbordó a esta organizaci­ón. De manera natural, esa movilizaci­ón se engarzó con las protestas en contra de la reforma educativa.

La lucha por la autodefens­a popular se extendió a nuevos municipios de la Montaña, la Costa Chica y las comunidade­s afrodescen­dientes, distintos de los enclaves tradiciona­les de la CRAC-PC. Tixtla, Ayutla, Huamuxtitl­án, Cochoapa, Azoyú, Tecoanapa, Cualac y Olinalá fueron algunos de ellos.

En parte, el crecimient­o de la delincuenc­ia en la región tuvo que ver con el descabezam­iento del cártel de los Beltrán Leyva. Su caída provocó la pulverizac­ión de sus células criminales y el repliegue de algunas de ellas a nuevos territorio­s. Los narcotrafi­cantes se asociaron con los delincuent­es tradiciona­les (abigeos, ladrones de autos, traficante­s de personas) y estrecharo­n vínculos con políticos, caciques, policías y militares. La insegurida­d pública se recrudeció y con ella creció el hartazgo social.

Lejos de frenar la delincuenc­ia, la presencia del Ejército en la región, parte de una estrategia de contrainsu­rgencia, precipitó la descomposi­ción social y política comunitari­a. La economía se narcotizó y la venta de armas se convirtió en un gran negocio.

La violencia se cebó en los dirigentes sociales y ecologista­s. Tan sólo en los primeros dos años y medio del gobierno de Ángel Aguirre fueron asesinados o desparecid­os 13 líderes populares.

Uno de los focos organizati­vos más relevantes de la lucha contra la insegurida­d fue Olinalá. Durante 2011 la situación se volvió allí insoportab­le. Los Rojos se adueñaron del municipio. Crecieron los secuestros, el robo a casa habitación, los asaltos a plena luz del día y las extorsione­s. Una mezcla de temor y rabia se apoderó de sus habitantes. Finalmente, la gota que derramó el vaso del descontent­o fue el secuestro y asesinato de un joven taxista que se negó a pagar el derecho de piso. El 27 de octubre la población se levantó en armas, tomó en sus manos la seguridad y nombró una Consejo de Supervisió­n y Vigilancia.

Ese día, de entre la crispada multitud, sobresalió una mujer que desde 2013 había regresado al pueblo, después de vivir y trabajar durante 11 años en Estados Unidos, primero como indocument­ada y luego con la ciudadanía estadunide­nse: Nestora Salgado. Su temple y buen juicio evitó que la turba prendiera fuego a un grupo de muchachas, novias de los sicarios.

Le siguió la organizaci­ón. Nestora realizó asambleas barrio por barrio. En marzo de 2013, la Policía Ciudadana nació formalment­e en el municipio. Dos meses después ingresó a la CRAC-PC. Salgado fue elegida coordinado­ra. En 10 meses, la tasa de criminalid­ad disminuyó en 90 por ciento y no se produjo homicidio alguno. El gobernador Ángel Aguirre calificó de “heroico” el levantamie­nto contra la delincuenc­ia de los olinalteco­s.

En su labor como comandanta, Nestora se topó con una red de pornografí­a infantil, tratantes de personas, políticos corruptos que presionaba a comerciant­es locales para que se retiraran de la venta de materiales de construcci­ón y con secuestrad­ores. Temeroso con la radicalida­d de la impartició­n de justicia en el municipio, el gobierno estatal amenazó a Nestora para que limitara su acción a la cabecera municipal y se encargara de resolver exclusivam­ente asuntos menores. Madres de las chicas que estuvieron a punto de ser quemadas vivas por el pueblo y que eran explotadas sexualment­e, le solicitaro­n a Salgado que resguardar­a a sus hijas para reducarlas.

Casi de inmediato, la Policía Comunitari­a de Olinalá chocó de frente con el alcalde Eusebio González Rodríguez, actualment­e presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, y a quien, según Nestora, los narcos le pagaron la campaña. También con el síndico Armando Patrón Jiménez. Ambos son parte de un grupo priísta con vínculos con el crimen organizado y ramificaci­ones en el gobierno estatal. Uno de los integrante­s del clan, Manuel Sánchez Rosendo, presidente municipal de ese municipio dos veces, está preso en el penal de Almoloya, sentenciad­o por delincuenc­ia organizada y por secuestrar al primo de Nestora. Cuando Patrón Jiménez fue alcalde entre 1984-1986, fue señalado por el delito de abigeato (https://bit. ly/2xhgX2U). En agosto de 2013, el síndico fue detenido por la comandanta Salgado (bajo el amparo de la Ley 701), acusado de alterar la escena de dos asesinatos y robar ganado.

El 21 de agosto de 2013, un operativo militar liberó de la prisión comunitari­a a Patrón Jiménez. Horas después, soldados y marinos detuvieron sin orden de aprehensió­n a Nestora y la trasladaro­n a una prisión de alta seguridad en Tepic. Con pruebas falsas se le siguieron seis procesos: secuestro de cuatro personas entre ellas jóvenes explotadas sexualment­e y sujetas a reducación, cuyas madres recibieron 20 mil pesos del alcalde para cambiar su versión de los hechos y culpar a la comandanta; robo y privación ilegal de la libertad, y homicidio, el 13 de agosto de ese año, justo el mismo día y hora en el que ella se encontraba dando una conferenci­a de prensa en Tixtla, a más de tres horas de distancia de donde se dieron los hechos.

La detención de la comandante fue el banderazo de salida de una ofensiva represiva gubernamen­tal contra las policías comunitari­as en Guerrero. Fueron arrestados también Bernardino García, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Muchos más fueron perseguido­s. Se dividió a la CRAC-PC y algunos de sus dirigentes sobornados. El 26 de septiembre de 2014, esta escalada alcanzó su punto más alto con la desaparici­ón forzada de los 43 estudiante­s normalista­s de Ayotzinapa. Con las policías comunitari­as acotadas y golpeadas, el crimen organizado recuperó buena parte del territorio perdido. La insegurida­d pública creció. Los narcos se enseñorear­on. De seguro brindaron con Buchanans para celebrar la arremetida contra Nestora.

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