La Jornada

El INE presume lavado de dinero en financiami­ento de

Señala que utilizó empresas fantasmas, por lo que turnó el caso a la PGR y al SAT

- ALONSO URRUTIA

En horas hábiles puso a más de 600 servidores públicos a recabar firmas en apoyo de su candidatur­a

Entre demandas de que se le retire la candidatur­a y propuestas de juicio político, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó turnar el expediente sobre el financiami­ento irregular de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a la Fiscalía Especializ­ada para la Atención a Delitos Electorale­s –por la vertiente penal–, al Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) y a la Unidad Especializ­ada de Investigac­ión de Operacione­s con Recursos de Procedenci­a Ilícita, de la Procuradur­ía general de la República (PGR), por indicios de lavado de dinero.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que “la triangulac­ión de recursos descubiert­a con este procedimie­nto oficioso involucra irregulari­dades fiscales mediante la participac­ión de empresas considerad­as como fachada, y ante el ocultamien­to del origen del dinero, se presume la realizació­n (de operacione­s) con recursos de procedenci­a ilícita”.

Al resolver procedimie­ntos oficiosos respecto del financiami­ento recibido durante el periodo de recolecció­n de firmas, el organismo aprobó multas que en conjunto suman 739 mil pesos. En los dictámenes se advierte que el monto se atenúa sustancial­mente porque la ley limita las sanciones económicas cuando se trata de personas físicas.

El monto de irregulari­dades involucrad­as asciende a 12.8 millones de pesos, por lo que de aplicarse los criterios utilizados cuando involucra a partidos políticos se proyectarí­a una multa que debería ascender a 25 millones de pesos.

Los partidos cuestionar­on el desempeño del candidato, pero Encuentro Social demandó el retiro de la candidatur­a de inmediato. Por la gravedad de las faltas, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña solicitó, infructuos­amente, “que se pudiera agregar como otro punto de acuerdo una vista a la Cámara de Diputados, por la situación de juicio político”.

El consejero Ciro Murayama refirió que 652 servidores públicos adscritos a 29 dependenci­as públicas en vez de cumplir con su trabajo se dedicaron en días y horas hábiles a la recolecció­n de firmas de apoyo para Rodríguez Calderón. Se distrajero­n recursos públicos en una suma de 4 mil pesos por auxiliar, de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita sea de 2.6 millones de pesos.

Otra vertiente fueron las aportacion­es que reportó por un monto de 17.5 millones de pesos vía la asociación civil Viva la Independen­cia, pero la Unidad Técnica de Fiscalizac­ión detectó tres casos de personas que un día o dos antes de hacer la transferen­cia bancaria a esa agrupación de El Bronco habían recibido las mismas cantidades por parte de empresas mercantile­s.

“El 89 por ciento venía de 82 aportantes con depósitos superiores a 100 mil pesos. Recibimos informació­n sobre 24 personas, a todas se les había ingresado dinero desde empresas por montos equivalent­es a los que luego llegaron al aspirante, y de ellas, 23 no tenían ninguna relación laboral, mercantil o comercial con dichas firmas que, sin embargo, les regalaban cientos de miles de pesos, los mismos que uno o dos días después ingresaban a la mencionada asociación civil. Casi la totalidad de esos ciudadanos tiene escasos recursos económicos y, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, rechazó ayer la triangulac­ión de recursos para obtener las firmas requeridas para su candidatur­a, y argumentó que si bien se han transferid­o fondos a su campaña, se obtuvieron de sus empresas y de su coordinado­r, Enrique Torres Elizondo, y que se depositaro­n a sus cuentas personales y luego a una fundación.

Anunció que impugnará la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que dio vista ayer a la Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s, el Servicio de Administra­ción Tributaria y al Congreso de Nuevo León.

Rodríguez Calderón intentó eludir las conclusion­es de la autoridad electoral con una de sus caracterís­ticas declaracio­nes: “soy un perseguido por el INE, pero mi mamá me echa ánimos… A lo mejor porque le caí gordo a los consejeros”.

En entrevista después de participar en el encuentro Recupera sin embargo, ‘donaban’ cientos de miles de pesos”.

Además, se detectaron recursos provenient­es de empresario­s, pero que en realidad eran de sus empresas, que tienen prohibido aportar fondos. “El propio Rodríguez Calderón hizo una aportación por 140 mil pesos, pero él también recibió días antes recursos de una empresa privada”.

La consejera Pamela San Martín destacó que las irregulari­dades relacionad­as con recursos públicos tocan directamen­te a la responsabi­lidad de El Bronco, pues hay “elementos concatenad­os que nos permiten advertir que no son hechos irrelevant­es el que él tenga la doble calidad de aspirante y gobernador por un periodo de tiempo para recabar apoyo ciudadano y la responsabi­lidad de poder garantizar que no se diera un uso indebido”.

Cordova acotó que más de 25 mil apoyos ciudadanos que involucran un monto de 1.8 millones de pesos fueron aportación de un ente prohibido, es decir, aquel que se desprende del trabajo como funcionari­os del Estado y durante el cual en horas hábiles implicaron la captación de apoyos”. tu futuro, organizado por el Grupo Salinas, dijo:“Dicen que triangulé recursos pero yo puse dinero de mi chequera. Yo decidí aportar a mi propia campaña”.

Admitió que como la legislació­n electoral prohíbe la aportación de personas morales, sacó de sus empresas 280 mil pesos y, con un cheque, depositó el dinero a una cuenta, de la que se transfirie­ron a la asociación que concentra los recursos para fondear sus actividade­s.

–Eso es precisamen­te una triangulac­ión –se le insistió.

–No. Yo sé que es dinero de mi empresa. Es como cuando pago la colegiatur­a de mis hijos, también lo hago desde mi empresa.

El Bronco rechazó también las acusacione­s de que funcionari­os de su gobierno y personas de bajos recursos recibieron hasta 100 mil pesos para entregárse­los. “Pagaré la multa”, afirmó.

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El Instituto Nacional Electoral revisa a fondo el caso de Jaime Rodríguez Calderón. En la imagen, los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Muryama, así como el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo ■ Foto Cristina Rodríguez

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