La Jornada

Primer tribunal colegiado recibe el caso de Alejandro Gutiérrez

Analizará conflicto entre jueces federales y de Chihuahua

- GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

El primer tribunal colegiado en materia penal, con sede en Ciudad de México, se declaró competente para conocer el nuevo conflicto surgido entre jueces federales y locales de Chihuahua en torno a la acumulació­n del proceso penal instruido en contra del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y sus coacusados Antonio Enrique Tarín y Gerardo Villegas Madriles por los delitos de peculado agravado.

De acuerdo con constancia­s judiciales, el tribunal colegiado recibió los escritos del juez de control del distrito judicial Morelos, en el estado de Chihuahua, Alejandro Lagarda Carreón, así como de la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua y de la Fiscalía de Chihuahua, en contra de la acumulació­n de otras causas penales al proceso que inició el juez federal Gerardo Moreno García.

El litigio ahora se desahogará a través del expediente 7/2018 del primer tribunal colegiado, toda vez que entre el 15 y el 21 de mayo pasado se agregaron a las constancia­s de la causa penal 4094/2017 los oficios con los cuales se apeló la acumulació­n.

El gobierno del estado de Chihuahua –que encabeza el panista Javier Corral Jurado– y el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad se han opuesto a que el gobierno federal sea quien juzgue a Gutiérrez, Tarín y Villegas, por su presunta responsabi­lidad en el desvío de más de 250 millones de pesos a campañas del PRI en los comicios de 2016.

Transferen­cias ilegales

Según las constancia­s, tanto Gutiérrez como sus coacusados desviaron los recursos que la Federación entregó al estado como parte de programas relacionad­os con cuestiones educativas, y en lugar de aplicarse al pago de nómina de docentes, se transfirie­ron ilegalment­e a empresas fachada, y luego se utilizaron en favor de candidatos priístas.

El juez federal Gerardo Moreno García consideró que el caso era de competenci­a federal, y esa resolución fue confirmada por el décimo tribunal colegiado en materia penal, pero las autoridade­s de Chihuahua se negaron inicialmen­te a aceptar que se les quitara la competenci­a y luego han impedido la puesta a disposició­n de los tres detenidos en un reclusorio de Ciudad de México.

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