Insta CNDH a vigilar trato a detenidos en Querétaro
Propone mejoras a centros de arresto En campamento, 390 desalojados; 16 bebés, sin nacionalidad Desplazados de Guatemala, un año en México
A un año del arribo de 110 familias guatemaltecas a la frontera con México, persisten carencias en el campamento donde habitan estas 390 personas, entre ellos 16 recién nacidos que aún no tienen nacionalidad, aunque este fin de semana les informaron que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala analiza la posibilidad de respaldar la petición del retorno provisional a Laguna Larga, de donde fueron desalojados.
Édgar Pérez Archila, director del Bufet Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, y Miriam Catarina Roque Chávez, procuradora adjunta de los Derechos Humanos de ese país, acudieron a dialogar con los desplazados y representantes de más de 35 comunidades de las regiones de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón.
Pérez Archila propuso emitir una resolución de condena al gobierno de Guatemala por haber violado el debido proceso de desalojo de la comunidad de Laguna Larga el 2 de junio de 2017, no haber notificado ni dado dado el derecho de defensa a la comunidad. Sólo ejecutó una orden judicial que provocó esta crisis humana y el desplazamiento de las familias.
Confió en que a través de los amparos interpuestos se pueda solicitar el retorno provisional de los refugiados de Laguna Larga. Porque, entre otros, se están violando los derechos humanos de vivienda digna y a la identidad, toda vez que los 16 bebés no tienen ninguna nacionalidad.
Pidieron que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala gestione ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ordene al Estado aceptar el retorno provisional. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) –dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– emitió un informe dirigido a los titulares de 12 ayuntamientos de Querétaro por deficiencias en los centros municipales de arresto, que deben subsanarse para evitar posibles actos de maltrato y tortura. Durante junio de 2017, el organismo visitó centros de detención en los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Santiago de Querétaro, Tequisquiapan y Tolimán, después de lo cual dio a conocer el Informe 2/2018. En el expediente, el MNPT indicó que su personal documentó que la falta de capacitación en materia de prevención de la tortura o para atender eventos violentos, la insuficiencia de personal y la falta de supervisión del trato que se da a los detenidos son constantes en los mencionados lugares de arresto, lo cual puede derivar en malos tratos hacia los detenidos.
Asimismo, algunos de esos centros no son accesibles para personas con discapacidad física, tienen irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, no tienen libro de gobierno o de registro, las visitas familiares o llamadas telefónicas se realizan sin privacidad, y no hay reglamentos o manuales de procedimientos.
De igual manera, el MNPT detectó hacinamiento, falta de personal médico, de planchas para dormir, de lavabos, agua corriente, iluminación natural y artificial, mantenimiento en las instalaciones sanitarias, deficiente ventilación y condiciones de higiene, así como carencia de una partida presupuestal para dar alimentos y agua a las personas arrestadas.