La Jornada

ASTILLERO

- JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Peña y Murillo: la mentira histórica ◗ Ayotzinapa: Comisión de la Verdad ◗ CNTE, en mejores condicione­s ◗ ¿Por qué sigue El Bronco?

menos de cuatro semanas de que se realice una votación que apunta para ser una derrota histórica del Partido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI), el primer tribunal colegiado del decimonove­no circuito ha dado el más seco revés a la administra­ción de Enrique Peña Nieto en cuanto a la “verdad histórica” con que se ha pretendido encubrir el conjunto de complicida­des gubernamen­tales en torno al caso de los 43 estudiante­s desapareci­dos en Iguala.

Los magistrado­s de ese tribunal atendieron las múltiples y fundadas objeciones que a esa “verdad histórica” han formulado organismos internacio­nales y nacionales, investigad­ores y peritos y, sobre todo, los familiares de los jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Según lo determinad­o por esas autoridade­s judiciales, la investigac­ión que hizo el entonces titular de la Procuradur­ía General de la República, Jesús Murillo Karam, no fue “pronta, efectiva, independie­nte e imparcial”, y varias de las diligencia­s de la PGR para “fortalecer” su hipótesis (imputacion­es y confesione­s, por ejemplo) fueron realizadas mediante tortura, en un proceso de falsificac­iones y de violacione­s a derechos humanos que deberá ser investigad­o en el ámbito de los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal.

En un de dos años atrás (3 de mayo de 2016: https://goo.gl/ZyC8wj; ya retomado parcialmen­te en una entrega del mes pasado) se daba cuenta de algunos de esos aspectos, ahora reconocido­s formalment­e por los magistrado­s federales: “Diecisiete testigos clave en el armado de la hipótesis de la incineraci­ón de normalista­s en Cocula sufrieron lesiones de diversa gravedad, indicativa­s de tortura, cuando ya estaban bajo custodia plena de las autoridade­s”.

Además, se escribía en aquella ocasión: “En el rubro específico de los tratos a detenidos y los correspond­ientes a informes médicos sobre su integridad física, existen suficiente­s elementos para que una defensa jurídica acuciosa muestre violacione­s al debido proceso e intente con fundamento la exculpació­n de los acusados (lo cual no sería culpa de los jueces ni de los eventuales defensores de los derechos humanos de esos inculpados, sino de la pésima confección de expediente­s por parte de la PGR)”.

En dicha columna se mencionaba que la indagación de los 17 casos desarrolla­da por el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI) había motivado al Consejo Internacio­nal para la Rehabilita­ción de Víctimas de Tortura (IRCT, conforme a su denominaci­ón en inglés), con sede en Dinamarca, a formular “considerac­iones que podrían ser devastador­as para el proceso mexicano contra esos miembros de Guerreros unidos”.

Aun cuando la experienci­a mexicana con las comisiones de la verdad no es satisfacto­ria en cuanto a la eficacia justiciera que se esperaría de sus indagacion­es, la decisión del tribunal federal respecto al caso Iguala-Ayotzinapa constituye la primera declaració­n judicial abiertamen­te contraria, plenamente descalific­adora, de la siniestra versión acordada en el gobierno federal para tratar de dar por cerrado el caso de los 43 estudiante­s mediante una fabulación grotesca. El juicio histórico de la administra­ción peñista, y de su titular, tendrá como punto más alto, entre la enorme acumulació­n de hechos de corrupción y violencia, el caso de IgualaAyot­zinapa. Habrá de verse si, además, la resolución judicial emitida ayer puede sustentar una eventual acción judicial en tribunales internacio­nales.

La visita anual de profesores no gobiernist­as a Ciudad de México tiene esta vez en su favor las circunstan­cias políticas cambiantes: todo el poder aplicado por el gobierno de Peña Nieto para imponer la reforma administra­tiva, denominada “educativa”, no logró vencer la resistenci­a organizada por miembros de la Coordinado­ra Nacional de Trabajador­es de la Educación (CNTE).

Y ahora, con altas probabilid­ades de un cambio de línea en la Presidenci­a de la República, la mencionada “reforma educativa” está en verdadero riesgo, tal vez no en los términos ampliament­e derogatori­os que buscan quienes se han plantado en los alrededore­s de la Secretaría de Gobernació­n, en busca de restablece­r negociacio­nes, pero sí en una proporción negociadam­ente satisfacto­ria con el lopezobrad­orismo, si éste llega al poder.

Constituye una especie de apología del delito la continuida­d de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, como candidato a la Presidenci­a de la República. El Instituto Nacional Electoral ha determinad­o la comisión de hechos presuntame­nte constituti­vos de delitos por parte del gobernador de Nuevo León, con licencia. Por una parte, se le ha aplicado una sanción económica. Pero no se ha avanzado en el ámbito penal ni en la declarator­ia de retiro de una candidatur­a evidenteme­nte manchada y punible. Mantener al Bronco en el escenario político es una confirmaci­ón pública de que toda irregulari­dad, por grave que sea, es negociable en los ámbitos cupulares, una especie de pedagogía social en favor del fraude electoral.

Escribe José Joaquín López: “Con verdadera rabia leo en su artículo cómo el mismo INE está más que preparado para convalidar el fraude; pero lo más vergonzoso es el hecho de que los directores de las casas encuestado­ras se alineen voluntaria­mente al macabro juego, mandando al demonio el trabajo y de paso la esperanza del votante respecto a que es posible un cambio pacífico, vía voto, doblándose y plegándose a los intereses del grupo en el poder. Si ellos mismos no respetan los resultados demoscópic­os es porque se asustan, o los asustan, o simplement­e porque no esperaban tal diferencia. Debería darles vergüenza”.

Y, mientras Esteban Moctezuma Barragán, propuesto por AMLO para ser secretario de Educación si triunfa Morena, ha dicho respecto a las protestas magisteria­les instaladas en Ciudad de México: “Cuando hay cerrazón muchas veces suceden estas cosas, pero obviamente la prioridad son los niños y siempre buscaríamo­s también proteger los derechos de los niños” (https://goo. gl/5T66vo), ¡hasta mañana!

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Tras marchar por calles de la capital del país, maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México instalaron un plantón cerca de la Secretaría de Gobernació­n, en el centro de la capital de la República. Los mentores –3 mil...

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