Juez retira amparo a la suegra de Javier Duarte
Es presunta cómplice del desfalco
El juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó a María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, suegra del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, una suspensión definitiva para evitar su orden de aprehensión, presentación y localización.
El 28 de mayo Tubilla Letayf promovió un amparo contra actos privativos de la libertad para evitar que la Fiscalía General de Veracruz ejecutará algún mandamiento judicial o ministerial. En su momento el impartidor de justicia le otorgó la suspensión provisional, pero este miércoles decidió retirársela.
En abril de 2016 el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunez, presentó una denuncia penal en contra de Duarte de Ochoa, a quien acusó de saquear las arcas públicas, y puso en evidencia la existencia de tres círculos de cómplices: la familia, colaboradores y aparentes empresarios, entre ellos, dijo, se encuentra señalada Karime Macías Tubilla, esposa del ex mandatario.
Por otra parte, el segundo tribunal colegiado penal ordenó que el amparo que promovió Karime desde Londres debe ser turnado a un juez de distrito en Xalapa, Veracruz. La esposa de Duarte solicitó la protección de la justicia a finales de febrero para conocer la carpeta de investigación por el presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF estatal, sin embargo, días después el juzgado quinto de distrito con residencia en el municipio de Boca del Río no aceptó el trámite al considerar que no era competente para conocer la demanda por lo que remitió el expediente al juez de distrito en la entidad, pero también aseguró que carecía de facultad para revisar el juicio.
En abril del año pasado la esposa de Duarte, preso en el Reclusorio Norte, donde le siguen un juicio por presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, partió de Colombia a Londres en el vuelo AV120. Además de sus niños, viajó con su madre, María Virginia Tubilla, su hermana Mónica Macías y el esposo de ésta, José Armando Rodríguez, así como los dos hijos de esta pareja.
Aunque se sabe que radica en Londrés, Macías Tubilla es buscada en más de 190 países para ser detenida, extraditada y puesta a disposición de las autoridades locales luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja tras la solicitud de la Fiscalía General de Veracruz a la Procuraduría General de la República. La disputa de competencia en el juicio que enfrentan el priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y dos coacusados, por el desvío de más de 250 millones de pesos, tiene un nuevo capítulo, luego de que el ministro Mario Pardo Rebolledo fue designado para analizar si es procedente el recurso de reclamación que presentó el gobierno de Chihuahua en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó una solicitud para que el caso quede en manos de jueces locales.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, fue acusado junto con Enrique Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, ex funcionarios del gobierno de Chihuahua durante el mandato de Cesar Duarte, de cometer el delito de peculado agravado al desviar, presuntamente, recursos públicos a campañas de candidatos tricolores en la entidad en 2016.
El gobierno de Chihuahua – que encabeza el panista Javier Corral Jurado–, mediante la Fiscalía General de Justicia de la entidad, así como del Tribunal Superior y de la Consejería Jurídica, ha promovido diversos recursos para evitar que el caso sea desahogado en un juzgado federal, aunque un tribunal colegiado determinó que el juicio es competencia de un juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (hasta el pasado 31 de mayo, Gerardo Moreno García, quien fue cambiado de adscripción).
La Consejería Jurídica de Chihuahua solicitó a la SCJN su intervención para que el caso quedara en manos de jueces locales, y el máximo tribunal desechó el recurso del gobierno chihuahuense, por lo que se presentó un recurso de reclamación, al cual se designó el número de expediente 1070/2018, y se turnó para su estudio al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la primera sala.