Juez federal da revés a entrega de notarías en Hidalgo
Señala anomalías en la publicación de la convocatoria en el diario oficial del gobierno
El juez tercero de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), anuló una convocatoria para el otorgamiento de 16 notarias públicas que habían sido entregadas en 2016 por el ex gobernador priísta Francisco Olvera Ruiz a sus ex colaboradores al término de su administración (2011-2016).
El dictamen fue emitido por Fredy Francisco Águilar, juez de Pachuca, en respuesta al juicio de amparo 1254/2016-4 del 21 de octubre de 2016 y promovido por Lizbeth Robles Gutiérrez, quien se desempeño como juez civil. El argumento es que hubo irregularidades en la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del gobierno de Hidalgo.
A Alejandro Straffon Ortiz, ex procurador General de Justicia se le había asignado la notaría 23 de Pachuca; a Juan Manuel Menes Llaguno, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, se le dio la 7 de Tizayuca; a Valentín Echavarría Almanza, ex titular del Tribunal Superior de Justicia, la 9 en Tizayuca. Otro caso es el del ex director jurídico de gobierno, Mario Souverbille González, quien incurrió en conflicto de interés al haber sido el encargado de validar el proceso de designación de estas notarías, y de autoasignarse la titularidad de la notaría 8 de Tizayuca.
La sentencia emitida por el juez de distrito señala que “son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables”, entre ellas el gobernador, el coordinador general jurídico del Poder Ejecutivo, el director del Periódico Oficial, el secretario de Gobierno y el director general de notarías y de la función registral y colegio de notarios, sobre la forma en que fue publicada la convocatoria.
Entre las irregularidades la sentencia precisó que la publicación de la convocatoria fue por el “alcance” del periódico oficial, dirigida sólo a aspirantes al ejercicio del notariado y no se realizó en un número ordinario, como lo establece la ley. Además, el diario oficial del gobierno sólo difundió la convocatoria en versión electrónica, no en impresa “por razones ecológicas”; además se incumplió su publicación en el diario de mayor circulación en la entidad, que tuviera mayor alcance de lectores.