En 15 años la PGR aplicó el arraigo a 12 mil personas
En 15 años, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo como medida cautelar a 12 mil personas en el centro federal de arraigo ubicado en la colonia Doctores de Ciudad de México.
El arraigo se sigue utilizando a pesar de que ha sido cuestionado por violar el derecho a la libertad, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, e incluso la Cámara de Diputados aprobó, en abril pasado, derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución para eliminarlo.
De acuerdo con información de la PGR, de 2011 a 2018 gastó 60.6 millones de pesos para operar el centro de arraigo por conceptos de alimentación, agua embotellada, medicamentos, material de curación, servicio médico y de lavandería.
El informe refiere que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron arraigadas por la PGR mil 60 personas, y que con Felipe Calderón fue práctica continua y alcanzó una cifra de 9 mil 839 casos.
El tiempo máximo para tener a una persona bajo arraigo era de 80 días, y de los 12 mil casos, 3 mil 990 permanecieron el máximo permitido en ese control judicial; en tanto, 3 mil 920 permanecieron 40 días en dicho centro.
La PGR abusó de esa medida cautelar, pues aunque se permitía la prórroga para llegar hasta los 80 días, la dependencia mantuvo a mil 660 personas hasta 90 días bajo arraigo.
El año que más se abusó del arraigo contra personas presuntamente relacionadas con delincuencia organizada, secuestro, lavado de dinero, delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos fue 2011, con un total de 2 mil 385 casos; le siguen 2010 (mil 982), 2009 (mil 772) y 2012 (mil 641).
En 2013, la PGR arraigó a 627 personas; 289 en 2014; 84 en 2015; 25 en 2016; 14 en 2017, y 21 de enero a noviembre de este año.
El 26 de abril de 2018, la Cámara de Diputados aprobó, con 327 votos en favor, derogar el párrafo octavo del artículo del 16 constitucional relacionado con el arraigo.
En la minuta que se envió al Senado señaló que el arraigo transitó de ser una medida precautoria o cautelar ordinaria a una excepcional, por la carga de arbitrariedad que representaba.