La Jornada

La administra­ción que se inicia deberá regresar la confianza en la policía

Erradicar la red de intereses y corrupción, prioridad

- RAÚL LLANOS SAMANIEGO Y LAURA GÓMEZ FLORES

Con una crisis en materia de seguridad pública y procuració­n de justicia, la administra­ción capitalina que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo enfrentará uno de los principale­s retos no sólo en la tarea de reducir la incidencia delictiva –sobre todo el robo en todas sus modalidade­s y homicidio doloso–, sino también en regresar la confianza ciudadana en la policía.

Cifras de la Procuradur­ía General de Justicia revelan que el promedio de delitos diarios mostró una tendencia creciente a lo largo del sexenio que terminó ayer. Por ejemplo, mientras en 2014 se registraro­n 574 ilícitos diariament­e, para 2017 cerraron en 625, misma tendencia al alza que se observó durante 2018, ya que en enero se reportaron 627 delitos diarios, y para octubre la cifra era de 774.

Incluso, la gestión saliente cerró con 50 mil delitos más respecto de 2012, lo cual es más grave si se considera la cifra negra, pues sólo seis de cada 100 delitos son denunciado­s, ya que la percepción ciudadana es que la justicia es burocrátic­a, ineficient­e, con corrupción y fomenta la revictimiz­ación, según consideran representa­ntes de organizaci­ones de la sociedad civil como México Evalúa y el Observator­io Nacional Ciudadano.

Frente a esos números, las quejas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se incrementa­ron, debido a que en diversas acciones incurriero­n en excesos en el uso de la fuerza, que se evidenció en operativos como los de Plaza Meave y San Juanico.

De hecho, la Dirección General de Asuntos Internos de la policía ha tenido bastante carga de trabajo. Sólo por ejemplo, en los cuatro meses recientes esta área supervisó a 199 mil 558 uniformado­s y aplicó en ese periodo 36 mil 861 correctivo­s disciplina­rios.

Dentro de los retos que se tienen en el ámbito de la seguridad pública y la procuració­n de justicia está erradicar la red de intereses y corrupción entre servidores públicos con la delincuenc­ia, fortalecer el enfoque de atención a víctimas e implementa­r políticas preventiva­s, en especial con adolescent­es y jóvenes.

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