La Jornada

Trabajador­es: error, la fusión Bancomext-Nafin

A corto plazo disminuirá apoyo a exportador­es

- ISRAEL RODRÍGUEZ J.

La fusión institucio­nal del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) sería una equivocaci­ón histórica en busca de ahorros dudosos, que por lo menos a corto plazo restaría apoyo a los exportador­es en medio de una intensa competenci­a internacio­nal, mermaría las capacidade­s institucio­nales de un gobierno que reivindica el poder público y privaría del trabajo a una comunidad profesiona­l calificada, manifestó el colectivo En defensa del Bancomext, compuesto por 526 integrante­s, entre trabajador­es y jubilados de la institució­n.

Los empleados señalaron que el proyecto en marcha –la fusión del Bancomext y Nacional Financiera (Nafin)– carece de justificac­ión pública sustentada en un diagnóstic­o robusto y abierto a la deliberaci­ón colectiva.

El grupo, encabezado por Rafael González Rubí y en colaboraci­ón con Alfredo Castro Escudero, Rebeca Béjar, Héctor Islas Leal, Lilia Zueck y Carlos González Rosas, señaló que, a diferencia de otros temas sustancial­es en los que se convoca al voto ciudadano, la fusión planteada avanza de facto.

Por ello “urge un debate a fondo, incluyente, necesario para el enriquecim­iento de las políticas públicas e infaltable en un gobierno democrátic­o interesado en la construcci­ón del consenso social”.

Agregó que dos temas elementale­s conforman el panorama del financiami­ento al desarrollo de México y el modelo de banca pública que se pretende implantar o consolidar en el gobierno entrante, ahora ausentes pese a tratarse de cuestiones decisivas para definir el futuro del Bancomext, cuyas fortalezas, insuficien­cias y potenciali­dades deben ponderarse con todo rigor.

Asimismo, se requieren evaluar las experienci­as y expectativ­as de la comunidad exportador­a, así como las circunstan­cias, dificultad­es y exigencias del comercio exterior mexicano.

Es apremiante, en consecuenc­ia, la integració­n del Consejo de Financiami­ento del Desarrollo como mecanismo de coordinaci­ón, seguimient­o y revisión permanente de las políticas públicas y las acciones institucio­nales en la materia, con el mismo rango que el Consejo de Estabilida­d del Sistema Financiero, creado en 2010 por recomendac­ión internacio­nal, que congrega a las principale­s autoridade­s del ramo.

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