La Jornada

La revisión de expediente­s no afectará investigac­iones en curso, afirman en la FGR

La judicializ­ación de casos trascenden­tales se realizará con más detalle, se asegura

- GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La revisión de archivos como el del caso Ayotzinapa y los desvíos de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no impactarán en los expediente­s que se encuentran en curso ante juzgados, pero la judicializ­ación de nuevas investigac­iones se realizará con más detalle con la finalidad de evitar descalabro­s para el Ministerio Público de la Federación, señalaron funcionari­os de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridade­s entrevista­das señalaron que hay mecanismos finan- cieros que deben afinarse para evitar que responsabl­es de desvíos de recursos y lavado de dinero puedan solicitar que se declaren inválidos por haberse obtenido antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, como es el caso de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

En la FGR se inició un proceso de revisión en diciembre pasado, que se mantuvo en un perfil bajo para que se impulsara o se redefinier­a a partir de que el Senado designara al nuevo fiscal. Una vez que se confirmó que Alejandro Gertz Manero seguirá al frente, se han impulsado los análisis de cada uno de los expediente­s considerad­os trascenden­tes, explicaron los entrevista­dos.

La continuida­d en el equipo de fiscales y subprocura­dores ha permitido conocer detalles que en anteriores administra­ciones colocaron algunos expediente­s al borde del envío a la reserva, entre ellos men- cionaron al menos seis investigac­iones relacionad­as con los desvíos de recursos que se realizaron desde la Sedesol a universida­des públicas, que fueron denunciado­s por la Auditoría Superior de la Federación, pero que tuvieron avances.

Señalaron que no todo se ha concentrad­o en los expediente­s que la FGR abrió públicamen­te, porque hay indagatori­as que están analizando para que se consignen con el propósito de esclarecer la participac­ión de funcionari­os públicos del estado de Guerrero que no atendieron todas las líneas de investigac­ión en la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa, y que a través de los listados de llamadas telefónica­s y la intercepci­ón de mensajes entre integrante­s del cártel Guerreros Unidos en México y Chicago, pudieran servir para esclarecer la participac­ión de los líderes del grupo criminal en todo lo sucedido en Iguala.

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