La Jornada

Niega juez liberar cuentas de general implicado en el robo de combustibl­e

- CÉSAR ARELLANO GARCÍA

El juzgado decimoquin­to de distrito en materia administra­tiva en Ciudad de México negó al general brigadier Eduardo León Trauwitz la suspensión provisiona­l contra el aseguramie­nto de sus cuentas bancarias.

Trauwitz, quien fue jefe de seguridad cuando Enrique Peña Nieto gobernó el estado de México, y al llegar a la Presidenci­a fue nombrado al frente de la Subdirecci­ón de Salvaguard­ia Estratégic­a (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex), es uno de los militares investigad­os por el actual gobierno federal dada su probable responsabi­lidad en el robo de hidrocarbu­ros a la paraestata­l.

A finales de enero el general brigadier interpuso un juicio de amparo, el cual quedó radicado en el expediente 200/2019. Impugnó el artículo 115, párrafo noveno de Ley de Institucio­nes de Crédito, que faculta a la Secretaría de Hacienda congelar las cuentas sin autorizaci­ón judicial, de aquellas personas, físicas o morales, involucrad­as en lavado de dinero.

El impartidor de justicia fijó para el próximo 13 de febrero la audiencia incidental para deter- minar si concede o no la suspensión definitiva.

Las cuentas de Trauwitz fueron congeladas luego de que el actual gobierno federal señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) investigab­a a funcionari­os de la administra­ción anterior, entre ellos a León Trauwitz.

En marzo de 2014 el consejo de administra­ción de Pemex aprobó la creación de la SSE con el propósito de fortalecer las políticas de seguridad para proteger las instalacio­nes, bienes y valores de la empresa. De ese modo, la gerencia de Servicios de Seguridad Física subió de nivel jerárquico y el general, que ocupaba ese encargo, se convirtió en el titular de la nueva subdirecci­ón.

La semana pasada, el juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México también le negó una suspensión definitiva al general, quien solicitó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensió­n, detención, localizaci­ón, citatorio, búsqueda, presentaci­ón o arresto en su contra.

En su momento se informó que el fallo se debió a que la FGR no había solicitado a un juez federal alguna orden de captura en su contra; sin embargo, la investigac­ión continúa.

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