Construir un pacto social

E l periodo neoliberal destruyó el pacto social construido por los gobiernos posrevolucionarios. Bueno, malo o pésimo, con sus aciertos históricos, sus contradicciones y sus miserias inocultables, aquello funcionó hasta la penúltima década del siglo pasado, hizo posible la gobernabilidad, la movilidad social y el crecimiento económico. La arquitectura del desarrollo estabilizador descansaba sobre un Estado fuerte, una propiedad pública robusta, un régimen profundamente antidemocrático y la promoción de un sector social que fue con frecuencia terreno fértil para el surgimiento de cacicazgos, instrumentados a su vez por el régimen como mecanismos de control político. El partido originalmente diseñado para gestionar las diferencias entre los distintos liderazgos militares que emergieron como vencedores del periodo violento de la Revolución deglutió la mayor parte de la actividad política y fuera de él casi todo era marginal o, a lo sumo, testimonial. La cooptación generosa y la represión implacable mantenían las oposiciones partidistas y sociales en niveles mínimos, los arreglos extralegales eran considerados un mal menor para mantener la estabilidad y la convivencia forzada entre las llamadas “fuerzas productivas” fue poco a poco suplantada por una relajada complicidad entre sus cúpulas.

Ese pacto social empezó a ser vulnerado en el interregno del sexenio delamadridista y después del golpe de Estado electoral de 1988 que resolvió las diferencias intestinas del régimen en favor del bando neoliberal inició su franca demolición. La alianza de facto Salinas-PAN remplazó los viejos mecanismos institucionales o corporativos de movilidad social y redistribución de la riqueza por sistemas clientelares personalizados que garantizaran fidelidad electoral al partido tricolor, repartió innumerables bienes públicos e hizo posible la conformación de la oligarquía políticoempresarial que se hizo con el control de las instituciones durante las siguientes tres décadas. En lo sucesivo el desmesurado poder presidencial no fue usado para equilibrar las contradicciones sino para exacerbarlas; no para preservar la siempre precaria soberanía nacional sino para rendirla a los intereses trasnacionales; no para impulsar la producción de riqueza sino para concentrarla en unas cuantas manos, en detrimento de las mayorías.

Desde luego, con semejantes lineamientos, el régimen neoliberal y oligárquico así conformado no fue capaz de generar un nuevo pacto social que sustituyera al que construyeron las presidencias posrevolucionarias. Para perpetuarse, la oligarquía neoliberal subsanó esa carencia con hegemonía mediática, control mafioso de las instituciones –particularmente, de las electorales–, la compra masiva de votos y la represión pura y dura. El sistema de “partido casi único” fue remplazado por una alternancia presidencial bipartidista, cuyos componentes podían tener desacuerdos en muchas cosas, salvo en tres: el llamado Consenso de Washington como único mandamiento de la política económica, la vida condominial en la corrupción y la preservación de hilos de impunidad transexenal. En suma, a falta de un pacto social que hiciera posible la convivencia entre los distintos sectores sociales y productivos, el régimen neoliberal instauró el pacto delincuencial que hizo estragos en todos los ámbitos de la vida pública y que acabó por ser derro-

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