Después de Venezuela, ¿Cuba?
E n noviembre pasado, pocos días después de las elecciones intermedias en Estados Unudos, el consejero nacional de Seguridad, John Bolton, viajó al bastión anticastrista de Miami para dar su discurso sobre la “troika de la tiranía”: un ataque retrógrado, estilo guerra fría, contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. “La troika se derrumbará”, predijo Bolton con audacia. “Sabemos que le aguarda el día de rendir cuentas. Estados Unidos espera ver caer cada esquina del triángulo: en La Habana, en Caracas, en Managua”.
En su momento, pocos percibieron en el discurso algo más que un posicionamiento político para atraer el voto de la derecha en Florida. Visto en retrospectiva, en cambio, lo que hizo Bolton fue anunciar la determinación del gobierno de restaurar la hegemonía estadunidense en América Latina. Está claro que promover el mantra de Trump, “Hacer grande a Estados Unidos otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés), requiere ejercitar el músculo intervencionista en Venezuela y reafirmar la voluntad de Washington en la región.
Pero, mientras Estados Unidos suma esfuerzos para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, presenciamos lo que el Miami Herald ha llamado “la cubanización de la política hacia Venezuela”. En una grave distorsión de la historia, funcionarios estadunidenses acusan al gobierno cubano de ser “el verdadero imperialista del hemisferio occidental” y aseguran que “ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba”, según el vicepresidente Mike Pence. Expulsar a Maduro del poder sin duda envalentonaría a quienes favorecen el cambio de régimen en otras partes de la región. De hecho, el juego final del gobierno parece ser Cuba, la nación isleña que ha desafiado el poderío hemisférico de Washington desde el triunfo antimperialista de la revolución encabezada por Fidel Castro hace 60 años.
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La crisis en Venezuela ha aportado el “fruto maduro”, en palabras del periodista Jon Lee Anderson, y creado la oportunidad para resucitar la era remota de la “diplomacia de las cañoneras”, cuando Washington podía dictar el destino de los gobiernos latinoamericanos. En el pasado, la mayoría de las naciones latinoamericanas se habrían opuesto a la intervención imperial de Washington, como hicieron en 2002 con fuerza México y otros países, cuando el gobierno de George W. Bush apoyó en un principio un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez que tuvo corta duración. Pero los abusos de poder de Maduro han llevado la miseria a vastos sectores de una nación alguna vez próspera, que en tiempos de Chávez parecía en camino de suplantar la influencia económica y política de Washington en la región. Gran número de gobiernos latinoamericanos y europeos aceptan que el pueblo venezolano tiene todas las razones –y todo el derecho– para exigir poner fin a un gobierno represor e incompetente que ha transformado su nación rica en petróleo en un Estado fallido.
Sin embargo, Trump ha tenido el cambio de régimen en Venezuela en su agenda política desde el inicio de su presidencia, como un paso hacia el cumplimiento de su promesa de campaña de “poner fin al acuerdo” que hizo Obama con Raúl Castro para una histórica coexistencia pacífica con Cuba. Apenas en su segundo día en la Casa Blanca, Trump “pidió un informe sobre Venezuela”, declaró en fecha reciente un antiguo funcionario del gobierno al Wall Street Journal, “para explorar cómo dar marcha atrás a las políticas de la era de Obama hacia Cuba”. Entre las opciones para deshacerse de Maduro y terminar con la alianza Venezuela-Cuba estaban cortar los miles de millones de dólares que Estados Unidos paga al país sudamericano por importaciones petroleras, importante y efectiva sanción que el gobierno de Trump impuso hace poco.
En su discurso en Miami, Bolton anunció sanciones adicionales contra Cuba, y prometió que “vendrá todavía más”. De hecho, como parte de lo que funcionarios estadunidenses describen como un enfoque más amplio y agresivo en la región, se filtran detalles a los medios sobre próximas medidas para revertir la política de la era Obama de una participación positiva con La Habana.
Una de las primeras es volver a clasificar a Cuba como patrocinadora del terrorismo internacional. En 1982, entre las sangrientas campañas estadunidenses de contrainsurgencia en Centroamérica, el gobierno de Ronald Reagan colocó a Cuba en la lista del Departamento de Estado de “estados patrocinadores del terrorismo”, esfuerzo flagrante por presentar el apoyo de La Habana a la revolución como un apoyo al terrorismo internacional. Pese a la falta de cualquier prueba de que Cuba respaldaba el terrorismo y a la abundante evidencia de que en cambio era blanco de tales actividades, un gobierno tras otro mantuvo a Cuba en la lista. Por fin Obama la retiró en 2015, como parte de las negociaciones para restaurar vínculos diplomáticos normales. Funcionarios estadunidenses han indicado que pueden citar la alianza de Cuba con el gobierno venezolano para justificar esta reinserción.
En las próximas semanas, la Casa Blanca también planea anunciar que los estadunidenses pueden presentar demandas en tribunales de su país para recuperar bienes en Cuba que fueron expropiados después de la revolución, norma punitiva contenida en la Ley Helms-Burton de 1996, que todos los presidentes estadunidenses de Clinton en adelante han desechado para evitar el caos de litigar contra empresas de naciones aliadas que tienen inversiones en Cuba.
Ambos cambios de políticas detendrán inversiones extranjeras que mucha falta hacen en Cuba, entre ellas de firmas mexicanas que probablemente han invertido en propiedades que ahora podrían entrar en disputa.“La economía se pondrá mucho peor de lo que ya está debido a la crisis en Venezuela”, declaró un agregado comercial europeo en La Habana a la agencia Reuters esta semana, “y las nuevas amenazas de Trump ya están alejando a algunas personas”.
Sin embargo, en lo inmediato la reinserción de Cuba en la lista de estados terroristas amedrentará a los turistas estadunidenses, cuyos dólares son esenciales para el crecimiento del incipiente sector privado cubano. En la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro, que supervisa y aplica las reglamentaciones sobre los viajes a Cuba, los funcionarios han dado fuertes indicios de que pronto se anunciarán nuevas restricciones a los viajeros.
De interés mucho más inmediato para los cubanos, y para la comunidad latinoamericana, es la amenaza del gobierno de Trump de una intervención abierta en Venezuela, y el potencial efecto de derrame que tendría en su cada vez más agresiva política hacia Cuba. En público y en privado, Trump ha planteado en repetidas ocasiones “la opción” de enviar a los marines a derrocar a Maduro. En una conferencia de prensa el 28 de enero, Bolton llevaba un pegote amarillo con las palabras “5000 efectivos a Colombia” que los periodistas pudieron ver… y reportar. “Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la resolución de Estados Unidos”, amenazó dos días después el vicepresidente Pence. “Venezuela merece ser libre”, gritó ante un público favorable a la intervención, que coreaba “Iu-es-ey, Iu-es-ey”. “Y en la Casa Blanca, con este presidente”, prometió, “¡siempre será que viva Cuba libre (en español)!”
Tales amenazas podrían ser fanfarronadas, pero detrás de un presidente que se precia de ser un prepotente bravu-