Arrecian ataques contra defensores de derechos; este año ya mataron a cinco
Cien organizaciones y AI exigen al Estado la búsqueda inmediata de dos activistas desaparecidos en Guerrero
La violencia contra los defensores de derechos humanos no se detiene. Transcurridos apenas 45 días de este 2019 han sido asesinados cinco activistas en el país (tres en Chiapas y dos en Oaxaca) y dos más se encuentran desaparecidos en Guerrero.
Sumado a ello, la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) registró que en 2018 se perpe- traron 13 homicidios en el gremio y la desaparición de dos más.
El caso más reciente es el de Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’Pa en Guerrero y actual integrante del concejo municipal de Ayutla de los Libres, y de su compañero Hilario Cornelio Castro, quienes fueron desaparecidos la mañana del martes pasado en el trayecto carretero Tierra ColoradaOcotito, mientras se dirigían a Chilpancingo, capital del estado.
Ante este hecho, las casi 100 organizaciones que integran el Espacio OSC y las que lo acompañan, entre ellas Amnistía Internacional México, demandaron a las autoridades federales y estatales “realizar las acciones de búsqueda inmediata (…) para movilizar las fuerzas de seguridad a la zona, a fin de garantizar su presentación con vida”.
Información de la ONU-DH muestra que en lo que va de este año se han cometido cinco asesinatos de activistas. El 3 de enero fue ultimado Sinar Corzo, integrante del Comité Ciudadano El Coloso de Piedra, en Arriaga, Chiapas; en Amatán, también municipio de ese estado, el 19 de enero se reportó el crimen de José Santiago Álvarez y Noé Jiménez Pablo, del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común –Jiménez estaba acogido al Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
El 21 de enero de este año también mataron al líder comunero Bernardino García Hernández, en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca, y el 9 de febrero, en Juchitán, a Óscar Cazorla, defensor de los derechos de la comunidad muxe.
Por su parte, un grupo de organizaciones internacionales instó a la administración mexicana a incluir como tema central en la agenda de derechos humanos el desarrollo de una política de Estado que ponga fin a la criminalización de las personas defensoras en México.
En una declaración conjunta, organismos mundiales celebraron la liberación –en diciembre pasado– de Damián Gallardo y Enrique Guerrero, activistas de derechos humanos que se encontraban presos de manera arbitraria desde mayo de 2013 y habían sido víctimas de reiteradas violaciones a sus derechos humanos desde su detención.
Demandan al gobierno federal una política que ponga fin a la criminalización