Apelan a la Corte 6 municipios y el gobierno de Zacatecas por cambios en el reparto del Fondo Minero
La bolsa proviene del cobro de 7.5% sobre las ganancias de las firmas que ahí operan
Los municipios zacatecanos de Villanueva, Morelos, Chalchihuites, Mazapil, Melchor Ocampo y Sombrerete, así como el gobierno de esta entidad, se ampararon ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las modificaciones al reparto de los recursos obtenidos mediante el Fondo Minero, propuestas por el gobierno federal y aprobadas por el Congreso de la Unión.
Creado en 2014 por el Poder Legislativo, dicho fondo es un derecho especial que se constituye al gravar la renta de las compañías mineras que operan en todo el país –en alrededor de 600 municipios de 22 es- tados–, equivalente a 7.5 por ciento de sus ganancias anuales, y 0.5 por ciento adicional a los yacimientos que extraen oro, plata y platino.
Con base en sus declaraciones a la Secretaría de Hacienda, al finalizar cada año fiscal se calcula el pago del impuesto al Fondo Minero de las empresas en cada municipio y entidad. Hasta 2018, dicha bolsa se repartía a cada municipio “minero” de acuerdo con el volumen de la riqueza producida por las compañías.
La distribución del impuesto recaudado por la autoridad fiscal federal se hacía de la siguiente manera: 70 por ciento entre los ayuntamientos, 20 para los estados y 10 a la Federación.
Debido a retrasos, presunción de malos manejos de recursos y casos de corrupción, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019 con una modificación que deja fuera a municipios y estados de la decisión referente al destino de los recursos del Fondo Minero.
En entrevista, uno de los representantes municipales que impugna la disposición opinó que la Federación pretende asignar el dinero de forma directa, lo que “invade nuestras competencias legales, pues el artículo 73 de la Constitución dice que los estados y ayuntamientos tienen derecho a participar de las contribuciones especiales, como las de minería”.
Otro de los funcionarios que acudieron a la SCJN –quien pidió omitir su nombre– señaló: “venimos a pedir que se respete la Constitución y a los ayuntamientos; este centralismo que estamos viendo es irrespetuoso”.
Se les dejó fuera de la decisión sobre el destino de los recursos