Ex vicepresidente catalán se niega a responder a la Fiscalía española; “soy un preso político”, sostiene
También rinde declaración el ex consejero del Interior
En la tercera sesión del juicio contra los 12 independentistas catalanes en el Tribunal Supremo español comparecieron dos de los acusados. El primero en testificar fue Oriol Junqueras, el dirigente con más rango, ex vicepresidente de la Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien afirmó que se considera “un preso político” y que la justicia española se ha “ensañado” con él por sus “convicciones democráticas” y por luchar “por la construcción de una república independiente”.
El segundo fue Joaquim Forn, ex consejero del Interior, quien reconoció que todo los pasos que dio el gobierno tras el referendo del primero de octubre de 2017, así como la declaración unilateral de independencia fueron “simbólicos” y que no tenían la intención de hacer efectiva la separación del Estado español.
Ambos, al igual que los otros 10 independentistas, están acusados de rebelión, malversación de recursos públicos y desobediencia.
Junqueras, en prisión provisional desde noviembre de 2017, se negó a responder las preguntas de la Fiscalía, de la abogacía del Estado y de la acusación popular, por lo que únicamente explicó su versión de los hechos en el interrogatorio que le hicieron sus abogados. Durante dos horas y media, además de defender la legalidad de su actuación y explicar que su intención era cumplir “con el mandato democrático del pueblo de Cataluña”, también explicó que su proyecto político no pretende cercenar ni repudiar a otro pueblo, e incluso aseguró: “Yo amo a España y a su gente”.
Los acusados enfrentan este proceso por su participación en la declaración unilateral de independencia hecha en octubre de 2017. La Fiscalía española pide una pena de entre 25 y 40 años de cárcel, mientras la Abogacía del Estado solicita 12 y la acusación particular, que representa al partido de extrema derecha Vox, exige 74.
El dirigente de ERC aseguró que en ningún momento se destinaron “recursos públicos” para llevar a cabo el proceso de secesión e insistió en que “nada de lo que hemos hecho es delito”.
Junqueras añadió: “Antes que independentistas somos republicanos y demócratas, y antes que demócratas, somos buenas personas. No somos enemigos de nadie. Siempre hemos rechazado la violencia porque cualquier hecho político noble puede resultar inmoral si se aplican métodos indecentes”.
Joaquim Forn, en cambio, sí respondió a las preguntas del fiscal y de la abogada del Estado, que lo interrogaron durante más de tres horas sobre los detalles del operativo de seguridad el 1º de octubre de 2017 (día del referendo), y sobre lo ocurrido el 20 de septiembre de ese año, cuando una comisión judicial intentó hacer un registro en la Consejería de Economía y se topó con una concentración de miles de personas que impidieron su trabajo y destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil.
Forn también reconoció que el gobierno presidido por Carles Puigdemont –quien se fugó a Bélgica– en “ningún momento” intentó hacer efectiva la supuesta república que habían declarado de forma unilateral, y aseguró que ese fue un “gesto simbólico” sin ninguna actuación concreta para hacerlo oficial.
En otro orden, todos los partidos políticos dan por hecho que este viernes el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunciará la fecha de las elecciones generales para dar inicio a una nueva legislatura, tras el fracaso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.