La Jornada

A pesar de las amenazas, Corral le negó protección, afirman familiares

Panista que grabó llamada usada por los sicarios para localizarl­a trabaja en el Congreso

- JESÚS ESTRADA, CORRESPONS­AL CHIHUAHUA, CHIH.

La mañana del jueves 23 de marzo de 2017 fue asesinada Miroslava Breach Velducea, correspons­al de La Jornada en Chihuahua, de ocho disparos calibre .38 afuera de su casa ubicada en la colonia Lomas Vallarta.

Dos sujetos integrante­s del cártel de Los Salazar a bordo de un automóvil Malibú Chevrolet gris la esperaban, uno descendió del auto y caminó hasta la camioneta de la reportera –fuera de su vivienda donde esperaba a su hijo Carlos para llevarlo a la escuela– y le disparó sin mediar palabra.

En declaracio­nes de ese día, el gobernador Javier Corral Jurado se comprometi­ó a esclarecer el crimen, dijo que Miroslava era su “amiga” pero aseguró no haber tenido noticia de las amenazas de Los Salazar; meses después, las hermanas de Miroslava lo desmintier­on y dijeron que el gobernador negó protección a la reportera.

La periodista Olga Aragón refiere que panistas presionaro­n a Miroslava Breach y a Patricia Mayorga, correspons­al del semanario Proceso en Chihuahua, para que revelaran las fuentes de sus reportajes sobre narcopolít­icos.

Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal del PAN y actual asesor de la bancada panista en el Congreso del estado, pidió por teléfono a Miroslava revelar sus fuentes sobre un reportaje publicado el 4 de marzo de 2016 en La Jornada, el cual denunciaba la imposición de candidatos por parte del cártel de Los Salazar previo a la elección local de ese año en municipios serranos de Chihuahua.

El entonces portavoz panista grabó la llamada y permitió que se entregara a los sicarios que asesinaron a la reportera, hechos que documentó la Fiscalía de Chihuahua, junto con testimonio­s del alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien al recibir amenazas de los criminales le advirtió a Miroslava que no podía pisar ese municipio serrano.

De todo esto tuvo conocimien­to José Alberto Luévano Rodríguez, entonces dirigente estatal del PAN, secretario particular del gobernador Javier Corral cuando ocurrió el homicidio y ahora director del Instituto Chihuahuen­se de Infraestru­ctura Educativa; fue él quien instruyó a Alfredo Piñera llamar a Miroslava para que aceptara la responsabi­lidad del reportaje publicado ante las amenazas de Los Salazar.

La carpeta de investigac­ión de la Fiscalía de Chihuahua y que después atrajo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, no profundiza en los vínculos entre partidos, candidatos e integrante­s del crimen organizado, línea de investigac­ión que se omite pese a la grabación de la llamada telefónica entre la periodista y Alfredo Piñera, presentada como elemento de prueba para acreditar la responsabi­lidad de Juan Carlos Moreno Ochoa, único detenido por el crimen y encarcelad­o en espera de juicio oral.

La indagatori­a tampoco aclara ni investiga la forma en que los sicarios localizaro­n el domicilio de Miroslava Breach en la ciudad de Chihuahua, pues según la Fiscalía en un lapso de apenas tres días lograron saber dónde vivía la periodista, vigilaron sus movimiento­s y planearon el asesinato.

En los días posteriore­s al asesinato, Javier Corral aceptó que los autores del homicidio eran narcopolít­icos y ofreció justicia; dos años después, Alfredo Piñera es asesor del grupo parlamenta­rio del PAN en el Congreso local, y José Luévano ocupa un cargo en la administra­ción estatal.

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