Impune, feminicidio que sentó bases para investigaciones con perspectiva de género
Nueve años después, el presunto asesino sigue preso sin recibir sentencia
La activista Irinea Buendía encabezó en este municipio del oriente del estado de México una marcha para conmemorar el noveno aniversario del feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía, caso que sentó jurisprudencia, pues a partir de él la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace cuatro años que todo homicidio violento de mujer debe investigarse con perspectiva de género.
Irinea no ha conseguido justicia. El juez del caso ha sido cambiado cinco veces y el presunto homicida de Mariana, su pareja sentimental, el ex policía ministerial Julio César Hernández Ballinas, continúa bajo proceso en los juzgados del penal Neza-Bordo. Fue detenido hace tres años, pero no se le ha dictado sentencia.
Muchos otros feminicidios siguen impunes. Lidia Florencio Guerrero no ha recibido respuesta de las autoridades sobre los asesinos de su hija, Diana Velázquez Florencio. El martes se cumplirán dos años del homicidio.
Lourdes García Arizmendi vive en la zozobra, pues hace año y medio su hija Norma Dianey García García desapareció y no hay avance en la investigación.
Irinea y un grupo de activistas marcharon por el municipio de Chimalhuacán; protestaron frente a las oficinas del Ministerio Público, donde su ex yerno recibió protección para no ser inculpado.
En septiembre de 2011 el agente del Ministerio Público en turno determinó que Mariana, abogada de 29 años de edad, se había suicidado. Desechó las evidencias halladas en el lugar del crimen y la declaración de Irinea Buendía, quien aseguró que la muerte de su hija fue el desenlace de una vida de violencia marital.
El 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país emitió su primera sentencia sobre un caso de feminicidio. La SCJN ordenó reponer la investigación sobre el homicidio de Mariana y la sentencia sentó jurisprudencia al determinar que todo homicidio violento de una mujer debe ser investigado con perspectiva de género.
Hoy dicha acción es conocida como “la sentencia Mariana Lima Buendía”, y el 23 de junio de 2016 fue aprehendido Julio César Hernández Ballinas.
Sin embargo, el mandato de la SCJN no se ha aplicado en otros feminicidios, como el de Diana, o en la desaparición de Norma Dianey.
Lidia Florencio Guerrero recordó que su hija Diana Velázquez Florencio, de 24 años, fue ultimada el 2 de julio de 2017. Explicó que en la carpeta de investigación se violaron la perspectiva de género y la debida diligencia.
Cuando ella acudió ante el Ministerio Público éste ya había ordenado el levantamiento del cuerpo y su envío a la morgue del centro de justicia Neza-Palacio, pero pidió a la familia esperar 72 horas para iniciar la búsqueda.
No se actuó conforme al protocolo a pesar de que Chimalhuacán es uno de los 11 municipios mexiquenses donde hay alerta de género desde 2015. Las otras localidades son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Chalco y Tultitlán.
Junto con familiares, amigos y organizaciones, Lidia Florencio alista para el 7 de julio una marcha en Chimalhuacán para recordar a Diana a dos años de su asesinato.
En tanto, Lourdes García recordó que su hija Norma Dianey García García, de 24 años, desapareció el 15 de enero de 2018. Desde entonces ella y su familia acudieron dos veces por semana a la fiscalía para conocer los avances de la investigación.
Hace cinco meses la autoridad ministerial prometió informarles de cualquier novedad. “En pocas palabras, nos dieron a entender que ya no fuéramos”. Lourdes sigue esperando encontrar a su hija con vida.
La fiscalía le ha dicho que Norma Dianey fue asesinada, pero nunca ha sido hallado el cuerpo. Lourdes García exige que se esclarezca el caso para tener una tumba donde llorar.
Ni Una Más en el Estado de México y Nos Queremos Vivas Neza, entre otras agrupaciones que apoyan a familias de víctimas, calculan que ha habido mil 790 mujeres desaparecidas de 2012 a 2018 y mil 540 feminicidios de 2014 a 2018 en la entidad.
La sentencia de la SCJN ordenó cuatro acciones: que todo homicidio violento de mujeres se investigue con perspectiva de género; segundo, sancionar a los servidores públicos implicados por obstrucción de la justicia; tercero, reparación del daño, y cuarto, capacitación de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Para Irinea Buendía la sentencia que se emita por la muerte de su hija Mariana “tiene que llevar un mensaje de no repetición para que los hombres perversos, violentos y misóginos dejen de asesinar mujeres y niñas”.