Demandan garantizar seguridad de policías en Jalisco
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedhj) exigió al gobernador Enrique Alfaro, a los 125 alcaldes de Jalisco y al Congreso local que tomen medidas urgentes para garantizar la integridad de los policías en la entidad, luego de que el domingo un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal fue asesinado en su día de descanso.
Desde el 6 de diciembre pasado, cuando Enrique Alfaro asumió la gubernatura, 25 policías estatales y municipales han sido ultimados en 37 agresiones. Ayer la SSP dio a conocer que el agente estatal Francisco Javier Rodríguez Jiménez fue asesinado a balazos el domingo en la colonia El Rosario del municipio de Tonalá cuando caminaba por el cruce de las calles Torres Quintero y Manuel M. Diéguez.
“Varios de los ataques contra policías se han cometido con saña, como el perpetrado el 21 de junio pasado cuando un policía, en su día de descanso, fue asesinado en su domicilio frente a su familia. De manera similar, todos los meses del presente año, en forma ininterrumpida, se han presentado homicidios, privaciones de la libertad, desapariciones y agresiones contra agentes, lo cual sin duda es un asunto de interés público que genera un clima de inseguridad social”, dijo la Cedhj en un comunicado.
Destacó que tiene seis investigaciones en curso sobre las condiciones laborales de los uniformados y ha identificado carencia de equipamiento, capacitación y violaciones al derecho a la seguridad social, así como bajos salarios y prestaciones insuficientes.
El documento enviado al Ejecutivo estatal y a los 125 presidentes municipales pide girar instrucciones inmediatas a todas las áreas competentes para fortalecer acciones coordinadas a fin de proteger la seguridad de los policías y de sus familias.
También se solicitó elaborar un protocolo ante amenazas y agresiones, definir acciones para garantizar la seguridad de los agentes y sus familias, además de coordinar a comisarios y a cualquier otra persona que ejerza cargos directivos en las acciones de investigación, prevención y persecución del delito para que sigan los protocolos de protección acordados tanto para ellos como para las víctimas o cualquier otra persona vinculada con las corporaciones.