La SFP rechaza investigar presunto conflicto de intereses de Romo
Va tras Carlos Lomelí, ex delegado en Jalisco
Pese a que el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa denunció presunto conflicto de intereses del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, descartó que se le investigue. “Actuamos por quejas y denuncias. En este caso no hay denuncias y el Presidente tampoco lo ha ordenado”, dijo antes de abandonar presurosa el salón Tesorería de Palacio Nacional.
Durante una rueda de prensa para informar que la SFP abrió siete expedientes relacionados con el ex delegado del gobierno federal en Jalisco, el empresario Carlos Lomelí, señaló que “en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quién los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación”, aunque declinó responder si en el caso de Romo se configuraba el caso.
Al abundar sobre la situación de Lomelí, dijo que “la Ley Federal de Austeridad Republicana desde luego está íntimamente relacionada con el caso particular que hoy informamos”. Indicó que se trata de cuatro investigaciones relacionadas con la operación de las empresas de Lomelí y tres más sobre sus conductas como funcionario, iniciadas a partir de una instrucción presidencial.
En su argumentación acerca de que el ex delegado había incurrido en faltas establecidas en la referida norma, sostuvo: “Efectivamente, la Ley Federal de Austeridad Republicana señala que todos los contratos que se hubieran asignado por tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho o conflicto de interés están determinados a cancelarse, más toda la normativa que los ampara”. –Pero esa ley no está vigente –La Ley General de Austeridad Republicana ya es minuta de ley, tiene una madurez legislativa, ya fue aprobada por el Senado el 30 de abril y 2 de julio, respectivamente, y simplemente están en proceso legislativo y sobre todo su publicación en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.
En realidad, fue devuelta a la Cámara de Diputados ante los cambios efectuados en el Senado. Al preguntarle insistentemente por qué apelaba a una ley no vigente, la secretaria intentó corregir el entuerto: “Evidentemente nos vamos a basar en la ley vigente, nos hemos basado en ella –volvió a corregir–, no se puede hacer de otra forma”.