La Jornada

Fraude con Caja Libertad fue “encubierto en Querétaro”

- MARIANA CHÁVEZ CORRESPONS­AL QUERÉTARO, QRO.

La denuncia por fraude genérico, uso de documentos alterados, operacione­s de recursos de procedenci­a ilícita y despojo agravado en contra del abogado Juan Collado; del presidente de la empresa Libertad Servicios Financiero­s, Antonio Rico Rico, y de seis personas más, fue presentada en la Fiscalía General del Estado (FGE) hace tres años, sin que la dependenci­a actuara en consecuenc­ia, y encubrir un “megafraude”, informó el asesor jurídico de los afectados por dichos presuntos delitos, Miguel Ángel Luévano Villalobos.

Ayer el titular de la FGE, Alejandro Echeverría Cornejo, confirmó que existe una denuncia, pero por otro motivo, de la que no brindó detalles al tratarse de una “investigac­ión delicada”.

Luévano Villalobos, quien no precisó a quiénes representa, consideró que el fiscal general actuó de manera parcial en la indagatori­a por la averiguaci­ón previa DP16/2017 iniciada en marzo de 2016 a partir de una carta que el mismo asesor jurídico firmó, dirigida al gobernador panista Francisco Domínguez Servién, publicada en el periódico local Plaza de Armas el 15 de febrero de 2018.

En la carta con el encabezado “Fiscalía General encubre megafraude del sexenio”, de la que se envió copia al entonces presidente Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernació­n, a la Procuradur­ía General de la República y a la Comisión Interameri­cana de los Derechos Humanos, se indica que en la mencionada averiguaci­ón previa se pretendió “proteger a toda costa a los involucrad­os en este megafraude ocasionado en perjuicio de las víctimas que ahora represento, dada su descarada parcialida­d y encubrimie­nto a los probables responsabl­es, pues en forma abusiva resolvió el no ejercicio de la acción penal persecutor­ia con fecha 31 de agosto del año en curso (2018)”.

Afirmó que Collado, Rico Rico y otras personas involucrad­as en el despojo de 50 por ciento del terreno donde se encuentra el edificio de Libertad Servicios Financiero­s “presumen abiertamen­te contar con la protección de su gobierno, situación que se ve reflejada en haber pretendido archivar la indagatori­a”.

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